El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, está satisfecho con las medidas adoptadas por Felipe VI para fortalecer la monarquía, una institución que está, afirma, "incluso por encima de las personas que lo encarnan", y se muestra convencido que "la Justicia, si tiene que actuar, actuará" ante las actividades de su padre, Juan Carlos I.
Campo recuerda que la Fiscalía del Tribunal Supremo está investigando el presunto pago de comisiones en la construcción del AVE en la Meca donde podría estar involucrado el rey emérito. En este sentido, envía un mensaje de "tranquilidad" y "confianza" en las instituciones "al margen del comportamiento de las personas". Por eso, el ministro ha asegurado a una entrevista en EFE que "la Justicia es lenta, pero actúa. Habría que repasar las hemerotecas para ver en muchos que pensábamos que eran intocables, dónde están hoy" a la vez que ha enfatizado que la Justicia "es igual para todos". No obstante, ha puesto de relieve que se tiene que respetar la presunción de inocencia "también" a Juan Carlos I, a quién su abdicación comportó que pierdas su inviolabilidad, cosa que lo convirtió en alguien "igual que cualquier otro ciudadano".
El ministro Campo asegura que la Justicia es igual para todos, incluido el rey emérito. Foto: Gtres
Apoyo al monarca actual
El Parlament de Catalunya ayer pidió la abdicación de Felipe VI. En esta línea, aunque Campo admite estar preocupado por las noticias en torno al padre del actual monarca, cierra filas con Felipe VI que sostiene que ha hecho "enormes pasos para fortalecer la institución", así como "cosas tremendamente importantes para identificarse con la ciudadanía". Con eso, afirma que ha dotado de transparencia a la Monarquía.
En el caso del rey emérito, rehúsa que el Govern tenga que analizar si se le retira este cargo honorífico que "simplemente" le da un tratamiento de aforado, y pide hacer un "esfuerzo intelectual" por distinguir a la institución de "las actuaciones puntuales" que puedan desarrollar sus miembros.
En otro contexto, también ha remarcado que se tiene que respetar la presunción de inocencia del vicepresidente segundo de Gobierno, Pablo Iglesias, con relación al caso Dina, una pieza del caso Villarejo sobre el presunto robo del teléfono de una exasesora de Podemos y donde el juez le acabó retirando la condición de perjudicado al apreciar contradicciones entre su versión y la de la extrabajadora.
El espionaje de Roger Torrent
En otro contexto, Campo ha resaltado que es partidario de investigar "siempre" hechos "graves" como el presunto espionaje al presidente de Parlamento de Catalunya, Roger Torrent, sobre el cual los socios de Gobierno y de investidura del PSOE han pedido una comisión de investigación parlamentaria.
Campo manifiesta que se tiene que investigar las presuntas escuchas en Roger Torrent | Sergi Alcàzar
"Claro está que hay que investigar siempre desde los diferentes planos que la sociedad se articula, fundamentalmente a través de los tribunales de justicia, pero también de las comisiones de investigación que se puedan realizar en sede parlamentaria", ha argumentado.
Con respecto a los presos políticos, reconoce que ha recibido "dos o tres" peticiones de indulto, pero Campo asegura que se tramitarán "cuando les toque", sin ningún "tratamiento de favor o disfavor". Aunque asume que este debate generará "tensión política", tiene claro que el Gobierno "actuará como corresponda en derecho" después de escuchar el tribunal sentenciador y la Fiscalía. Además, recuerda que la decisión del Ejecutivo podría ser recurrida delante del Supremo.
Campo ha desestimado pronunciarse "por razones obvias" sobre la decisión de la administración penitenciaria catalana de conceder el tercer grado a los condenados, un asunto que ahora estudia la Fiscalía.
Descartado el estado de alarma parcial
El ministro de Justicia contempla abordar reformas legales para afrontar de manera eficaz situaciones inéditas como la que ha provocado la pandemia de Covid-19, pero también recalca que lo que ha pasado ha demostrado que no había "plan B" en el estado de alarma decretado por el Gobierno.
Sin embargo, considera que la legislación actual contempla herramientas suficientes para proteger a los ciudadanos a partir de un concepto que, según su opinión, ha estado presente en todo momento: la "cogobernanza" entre el Ejecutivo y las comunidades autónomas.
Por eso, afirma que no es necesario aplicar en estos momentos un estado de alarma parcial, dado que las comunidades tienen margen para actuar, siempre con control judicial cuando afectan derechos fundamentales, y lo están haciendo "con gran acierto". De hecho, remarca que se están tomando las medidas adecuadas, como demuestra que "no hay ningún rebrote descontrolado".