La ministra de Sanidad ha avisado a Isabel Díaz Ayuso que podría acabar inhabilitada como Quim Torra si incumple resoluciones judiciales, como la de impulsar el registro de objetores al aborto. En una comparecencia en el Congreso de los Diputados este martes, Mónica García le recordó qué dice la ley: "Me permito recordar que el ordenamiento jurídico español es muy claro en este punto. El artículo 410 del Código Penal establece que las autoridades o funcionarios públicos que se nieguen abiertamente a dar cumplimiento a resoluciones judiciales o a órdenes de la autoridad competente pueden incurrir en responsabilidades penales, con penas de multa e inhabilitación para cargo público". Como ya sabemos, no sería la primera inhabilitación de este tipo: el presidente Torra ya fue inhabilitado después de negarse a retirar una pancarta de la Generalitat en apoyo a los presos políticos en 2019.
En la misma comparecencia, la ministra recriminó a la presidenta madrileña que la Comunidad de Madrid sea la única que no ha puesto en marcha el mencionado registro de objetores de conciencia para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Sobre todo, cuando Madrid es la comunidad donde el 99% de los abortos se siguen derivando a clínicas privadas. Es por ello que el Ministerio de Sanidad activó los mecanismos legales para garantizar que la ley se cumpla, según García, que añadió que "esto es lo que explica la reciente resolución judicial que obliga a la Comunidad de Madrid a iniciar los trámites para crear su registro".
"En España, las leyes no se aplican según las preferencias personales de cada uno; se cumplen, y punto. Las resoluciones judiciales, exactamente igual, se acatan", sentenció la ministra, que ha criticado "la obstinación personal" de Ayuso a no hacerlo. Así, añadió: "La obstinación de esta ministra es otra: hacer cumplir la ley y garantizar los derechos de las mujeres". "No puede seguir siendo Madrid un territorio donde el derecho al aborto quede bloqueado por la cabezonería ideológica de un partido o de una presidenta", dijo.
Con todo, García anunció que en los próximos días Sanidad enviará una carta a todas las comunidades autónomas solicitando información detallada sobre cómo están organizando el servicio de interrupción del embarazo, con el objetivo de comprobar el grado de cumplimiento de la ley en todo el Estado. "Para conocer qué centros con servicios de ginecología y obstetricia realizan interrupciones voluntarias del embarazo, cuál es la distribución de profesionales objetores y qué medidas de gestión están adoptando para garantizar que el servicio se presta de forma efectiva", concluyó.