La jueza Maria Eugènia Alegret ha citado a declarar este lunes como testigos a tres de los miembros de la Mesa del Parlament. El vicepresidente segundo de la Mesa, Josep Maria Espejo-Saavedra, de Ciutadans; el secretario segundo, David Pérez, del PSC, y el secretario tercero, Joan Josep Nuet, de Catalunya Sí que es Pot, declararán a partir de las nueve y media de la mañana en el Tribunal Superior de Justicia, igual que lo hizo la presidenta Carme Forcadell el viernes pasado.

La comparecencia llega en medio de la amenaza de inhabilitación del resto de miembros de la Mesa, de Junts pel Sí, favorables al proceso independentista, por no impedir la votación. La petición que hará la Abogacía del Estado podría llegar este martes.

Al resto de la Mesa, la jueza Maria Eugènia Alegret los ha citado como testigos para que cuenten sus intervenciones antes de la votación de las conclusiones de la Comissió del Procés Constituent. Según consta en la querella que presentó la Fiscalía en el TSJC, Espejo advirtió expresamente a Forcadell que la Mesa había acordado no incluir la votación de la hoja de ruta independentista en el orden dle día y que incorporarla al pleno representaba un "fraude de ley". Según el representante de Ciutadans la decisión se tomó el 20 de julio, un día después de que la Comissió del Procés Constituent acabara su trabajo.

El texto del ministerio público contra Carme Forcadell también recoge la advertencia el secretario segundo, David Pérez, del PSC, que alertó a la presidenta del artículo 82 del Reglamento del Parlament de Catalunya, que dice que "no puede iniciarse una discusión si, como mínimo, dos días antes no se ha distribuido el informe, el dictamen o la documentación que tiene que servir de base para el debate, excepto acuerdo de la Mesa del Parlament o de la comisión en sentido opuesto".

Sobre el papel del secretario tercero, Joan Josep Nuet, de CSQP, el texto de la querella dice: "Tampoco atendió la presidenta la solicitud de reconsideración de la postura realizada por el secretario tercero Joan Josep Nuet y Pujals".

La versión de Forcadell

Las advertencias de una parte de la Mesa llegaron durante el pleno del 27 de julio, momentos antes que se votaran las conclusiones y justo después de que Carme Forcadell recibiera la nota de los servicios jurídicos del Parlament donde se recordaba el acuerdo del TC de anular la resolución del 9-N que marcaba toda la hoja de ruta y de desconexión del Estado español (en la foto). Lo que para el TSJC y la Fiscalía fue una advertencia, para la presidenta del Parlament fue un recordatorio que tenía que hacer a los diputados del Parlament antes de votar, y así se lo explicó a la jueza el viernes pasado durante su declaración.

Según Forcadell la decisión es del pleno, no de ella ni de la Mesa, y fue el pleno, un órgano soberano, quien acordó llevar a votación las conclusiones. En este sentido, la presidenta del Parlament defendió que lo que se hace el día 27 en el pleno es un acto político y que las conclusiones se acabaron antes de que el TC resolviera anular la hoja de ruta. Carme Forcadell también contó a la jueza que hay dos informes de los servicios jurídicos que avalan la votación de unas conclusiones, que además, no tienen ningún efecto jurídico. El primero es del mes de febrero y el segundo, de septiembre.

Contra la Mesa soberanista

La Abogacía del Estado quiere inhabilitar a los miembros de la Mesa que sean soberanistas, que son mayoría, y que son los que permiten que se puedan sacar adelante las proposiciones que se llevan al pleno sobre el proceso.

Según publica hoy La Vanguardia, el Tribunal Constitucional notificará el próximo martes a los representantes de Junts pel Sí y Catalunya Sí que es Pot (CSQP) que, a petición de la Abogacía del Estado, ha iniciado un incidente de ejecución contra ellos por incumplir una de sus sentencias, en referencia a la que prohibía la votación de las conclusiones de la Comissió del Procés Constituent.

Se trata de Lluís Corominas (PDECat/JxSí); la secretaria primera, Anna Simó (ERC/JxSí); el secretario tercero, Joan Josep Nuet (EUiA/CSQP), y la secretaria cuarta, Ramona Barrufet (PDECat/JxSí). Si la justicia da la razón al Gobierno español, los representantes de estos partidos podrían ser inhabilitados, como puede pasar con Forcadell. Si eso pasara, la presidencia de la Mesa quedaría transitoriamente en manos del vicepresidente, José Maria Espejo-Saavedra, de Ciudadanos, mientras que el resto de cargos se los repartirían entre C's y el PSC.