Los gobiernos español y catalán han destilado las conclusiones de las tres horas de reunión en la Moncloa en un comunicado de 24 rayas en que los dos ejecutivos se comprometen a celebrar reuniones mensuales, alternativamente en Madrid y Barcelona, y en las cuales los presidentes y vicepresidentes intervenderán cada seis meses o cuando haya que ratificar acuerdos. A diferencia del documento aprobado a la cumbre de Pedralbes el 20 de diciembre del 2018, esta vez no se hace ninguna referencia a la figura del mediador. Lo que sí se mantiene es el tope impuesto en la reunión del palacio barcelonés: la seguridad jurídica.

"Cualquier acuerdo que se adopte en el seno de la mesa se formulará en el marco de la seguridad jurídica", advierte el texto en la última frase. Desde la Moncloa se pretendía apretar un poco más estos límites y situar cualquier pacto "en el marco de la ley". De hecho, el texto ha sido pactado por los respectivos equipos mientras la reunión estaba en marcha y este punto ha sido el único que se ha tenido que trasladar a los responsables políticos para que desempataran.

Fuentes del Govern aseguran que el president, Quim Torra, y el vicepresident, Pere Aragonès, han liderado el discurso de la parte catalana, hasta el punto que, según estas fuentes, en el último tramo de la reunión ha sido el jefe del ejecutivo español, Pedro Sánchez, quien habría pedido escuchar la opinión del resto de miembros de la delegación catalana. Después de las discrepancias hechas evidentes dentro del ejecutivo catalán, los socios de Govern han querido mostrar una posición consensuada dentro de la reunión que incluso han ilustrado previamente con una comida en la delegación de la Generalitat antes de acudir a la Moncloa.

El comunicado conjunto surgido de la cita de la Moncloa declara constituida la "mesa de diálogo, negociación y acuerdo para la resolución del conflicto político", enumera a los participantes a la reunión, de los cuales en un primer momento ha desaparecido la ministra Carolina Darias, lo cual ha obligado a repetir el comunicado y volver a distribuirlo.

En el texto se asegura de que la reunión ha servido para "fijar las bases del diálogo, abordar algunos aspectos metodológicos, y para constatar la naturaleza política del conflicto y que requiere de una solución política".

Esta conclusión ha sido destacada como un triunfo por la parte catalana, que facilitará la explicación de la situación a nivel internacional. No obstante, ya se había apuntado en la declaración de Pedralbes, donde se admitía la existencia de un "conflicto sobre el futuro de Catalunya" que requiere "una propuesta política".

En la declaración de diciembre del 2018 se abría la puerta incluso a la posibilidad de articular posibles modificaciones legislativas para encajar los acuerdos de la mesa en el marco legal. Esta vez no se hace esta referencia en el texto final, sin embargo, la ministra Maria Jesús Montero durante la rueda de prensa posterior sí lo ha apuntado.

No obstante, en la mesa de Pedralbes había también una figura que unos denominaron relator y otros mediador y a la cual el texto se definí con un aséptico "persona" que tenía que surgir de común acuerdo de las dos partes para situarse al frente de la mesa y con funciones muy claras -"será quien facilite la coordinación de los trabajos, de las convocatorias y que fije el orden del día. Asimismo, ayudará a crear las condiciones idóneas para el diálogo, dará fe de los acuerdos a que se llegue y determinará el seguimiento de su aplicación", se decía-.

Esta vez no hay ni mediador ni relator en el texto, pero esta ha sido una de las reclamaciones que la parte catalana ha puesto encima de la mesa. Al igual que también se ha planteado la amnistía, el reconocimiento del derecho a la autodeterminación y la convocatoria de un referéndum. De hecho, al igual que ha hecho en la rueda de prensa, Torra ha empezado su intervención señalando que quienes tendrían que estar sentados en aquella mesa eran Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.

No sólo eso, la parte catalana también ha reclamado, sin resultados, cuál era la propuesta del gobierno español ante cada una de sus exigencias. La estrategia de la delegación encabezada por Sánchez ha sido intentar situar el debate en torno a cuestiones relativas al autogobierno, como la financiación autonómica, lo cual ha sido rechazado por los negociadores catalanes.

De hecho, en la declaración final no hay ninguna referencia a las cuestiones de autogobierno que el presidente español intentó incluir en el encuentro en el Palau de la Generalitat y que el Govern ha delegado a la Comisión Bilateral Estat-Generalitat.

Fuentes del Govern aseguran que una de las intervenciones que ha sorprendido ha sido la cuestión de un miembro del ejecutivo español que ha preguntado si el retorno de los presos y el fin del exilio serviría para volver a canalizar el diálogo entre los dos ejecutivos en el carril del autogobierno. Pero la respuesta ha sido una negativa, aunque acabe esta represión, el conflicto continuará.

Finalmente, las posiciones han quedado claras -si es que no lo estaban ya- y la reunión ha servido para dar como constituida la mesa de gobiernos. Junto a los presidentes y vicepresidentes se sentaban en torno a la mesa cinco ministros, Maria Jesús Montero, Carlina Darias, José Luís Ábalos -que se ha marchado antes de acabar-, Salvador Illa y Antoni Castells; y dos consellers, Jordi Puigneró y Alfred Bosch, además de tres diputados, Marta Vilalta, Elsa Artadi y Josep Maria Jové, y el exjefe de la oficina del presidente Carles Puigdemont, Josep Rius.

La reunión, regada con café y agua, ha sido larga y ha obligado a algunas salidas al lavabo. Esta vez no ha habido regalos. Eso sí, la nota de la Moncloa, a pesar de la brevedad, incluye que las dos delegaciones "valoran positivamente" esta primera reunión.