El gobierno gira la cara a la movilización popular y política que ha acompañado a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, este viernes por la mañana hasta la puerta del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. El portavoz Íñigo Méndez de Vigo mantiene la idea de que Forcadell ha sido llamada por la justicia "independiente" para rendir cuenta de los incumplimientos a la sentencia del Tribunal Constitucional, donde se prohibía la votación de las conclusiones de la comisión de Procés Constituent. De Vigo insiste en que en España "no hay impunidad, menos para los cargos públicos", como ha aseverado.

La indignación en Moncloa cuanto a las palabras de la presidenta que su declaración es "inconcebible en democracia", se hace patente. "Es falso e injusto afirmar que en España la justicia no es independiente" ha exclamado Méndez de Vigo. Como ejemplo, ha respondido más tarde que si el juez del Tribunal Supremo llama al presidente Mariano Rajoy y el ministro Rafael Catalá a declarar por el 9-N, el ejecutivo "obedecerá siempre a aquello que dicen los tribunales". Es la petición que estudiaban los abogados de las exconselleres Irene Rigau y Joana Ortega, y el expresidente Artur Mas.

Sobre qué pasará en caso de que Forcadell sea inhabilitada, el gobierno de Mariano Rajoy todavía no quiere aventurar ningún escenario. El presidente Carles Puigdemont ha respondido que seguiría siendo la presidenta, pero fuentes de Moncloa callan al respecto, mientras se protegen detrás de la legalidad y la imagen que se estarían forjando los ciudadanos españoles del avance del proceso soberanista. Creen  que las "sentencias incumplidas" dan al Estado la legitimidad, y no a la Generalitat: "La gente ve qué hace y dice cada uno" explicaban en una conversación informal con el El Nacional.

Pero mientras el clamor del soberanismo es poner las urnas, el de Moncloa es insistir en la línea de la Operación Diálogo. De Vigo reitera que se sigue ofreciendo "mano tendida, diálogo, y voluntad de hablar". Dicen las fuentes que están estudiando los 45 de los 46 puntos del presidente Puigdemont y afirman que la interlocución es fluida entre el vicepresidente Oriol Junqueras y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. De esta forma, exigen la asistencia a la Conferencia de Presidentes autonómicos y a la reunión preparatoria del día 21 de diciembre, donde "decidirán" las cuestiones que les"afectan".