Plurinacionalidad no tiene por qué implicar diferencias con otros territorios del Estado en materias clave como fiscalidad, educación, sanidad o justicia. Este es el mensaje que se desprende de algunas de las medidas del programa electoral de Podemos que, además, afectan a competencias de la Generalitat, justificado bajo la idea de una necesidad “de equidad” y “armonización” para evitar “desigualdades” entre ciudadanos del mismo país.

En paralelo a las medidas identitarias de diferenciación, como la posibilidad de hablar en catalán en el Congreso o la inclusión de la nacionalidad en el DNI, hay una voluntad de unificar criterios entre las comunidades, y denominación en la que se incluyen a las naciones del Estado.

Curiosamente, el sentido de algunas de las reformas que abanderan, y que de llevar a cabo, supondrían una clara invasión competencial sobre Catalunya, son completamente contrarias a aquello votado recientemente por el Parlament.

Educación

Uno de los ejemplos más claros lo encontramos en materia educativa. Los podemitas plantean en la página 188, punto 13, que “se aprobará una moratoria de conciertos educativos, conjuntamente a un plan para su supresión progresiva mediante la integración voluntaria de centros privados-concertados en la red de centros públicos”.

La iniciativa, que aspira a un sistema de centros homogéneo (público) a nivel estatal, invadiría una competencia que es autonómica. Actualmente, aunque las comunidades están sujetas a una ley general española de criterios básicos para la concertación, tienen la potestad de escoger a quién dan subvenciones.

Sanidad

Las políticas en salud también buscan establecer, al menos, unos criterios mínimos para todas las autonomías, que volverían a ignorar la transferencia a Catalunya. En la página 147, en el punto 169, se expone lo siguiente: “Garantizaremos a través de una ley estatal que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan acceso a un catálogo de servicios sociales mínimo y común, independientemente de la comunidad autónoma en la que residan”.

También, sobre dependencia, en la página 149, punto 184, afirman que “una buena parte de las personas en situación de dependencia o con alguna diversidad funcional precisa de costosos materiales ortoprotésicos para poder aumentar su funcionalidad y llevar una vida más llena (...)” y proponen “homogeneizar las prestaciones en todas las comunidades autónomas”.

Si bien es cierto que existen diferencias importantes entre las comunidades que incentivan el “turismo sanitario” y generan “desigualdades” entre ciudadanos de un mismo país, la propuesta se plantea de forma impositiva, por ley, y no de un acuerdo con las autonomías. Se trataría, pues, de una política invasiva.

Fiscalidad

Impuesto de sucesiones y patrimonio. El planteamiento, expresado en la página 132, punto 47, es: “recuperaremos el gravamen efectivo en los impuestos sobre el patrimonio y sobre las sucesiones y donaciones (...). Armonizaremos con las comunidades autónomas las normas que regulan ambos tributos, que tendrán que ser aplicados a todo el Estado, por motivos de equidad y lucha contra el fraude”.

La propuesta, que vuelve a meter la nariz en competencias de la Generalitat, chocaría, además, con una decisión reciente –la del uno de junio– de una mayoría parlamentaria (Junts pel Sí y PP) de evitar, incluso, que se produjera el debate.

Infraestructuras

Seguramente el caso de Rodalies sea el más curioso del programa. Cada una de las medidas para mejorar el servicio que enumeran es aspectos que están manos de la Generalitat. Son, como está escrito en la página 174, en el punto 363, “incrementaremos las frecuencias, mejoraremos la calidad del servicio y promoveremos la implementación de trenes semi-directos”.

Desgraciadamente lo que sí que podría hacer Podemos desde el Gobierno central, y que no contempla programáticamente, es la transferencia total de la gestión de la red ferroviaria, que el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, no se ha cansado de pedir durante los meses que ocupa el cargo. Aquí hablaríamos de aquello que no se solucionó en el 2010: la cesión de la infraestructura (vías, estaciones y andenes, que depende de ADIF, es decir, del Ministerio de Fomento).

Justicia

Es el aspecto menos contundente, si bien insinúa una voluntad de recentralización. Concretamente, en la página 160, en el punto 252, se habla de la creación de un texto normativo sobre la gratuidad de la justicia que, entre otras cosas, “contendrá una reflexión sobre las atribuciones delegadas a las comunidades autónomas en esta materia”.

¿Cómo se hace?

El Nacional ha hablado con el catedrático en Derecho Constitucional Xavier Arbós para entender el recorrido de estas propuestas. Arbós confirma que hay dos vías para hacer efectiva la propuesta de homogeneización: o poniendo todas las comunidades de acuerdo (que sería el procedimiento legal válido, porque es de quien dependen los cambios) o tomar la directa, que es lo que deja intuir el texto (y que vulneraría las competencias de las comunidades autónomas, pudiendo recurrirlo al Tribunal Constitucional).

En cualquier caso, lo que sí que apunta es que “pretender imponer desde arriba es un error clásico de las fuerzas más intervencionistas. Si eres socialdemócrata –reflexiona–, puede pasar que te quieras saltar las competencias para hacer lo que a ti te parece bien”. “No se tiene que impedir hacer propuestas de programa [como estas]”, explica, pero concluye que se debe tener en cuenta el rol de cada actor.