Un total de 255 personalidades, entre las cuales exministros del PP y del PSOE, juristas, escritores y periodistas como Juan Luis Cebrián, han firmado un manifiesto contra las reformas del Código Penal hechas por el Gobierno, alertando de que se trata de un "desafío constitucional" y que la democracia "nunca es reversible". En el escrito, señalan que la coalición de gobierno, con el apoyo de los partidos independentistas, "han quebrado el proyecto histórico del PSOE, comprometido con el cumplimiento de la letra y el espíritu de la Constitución de 1978". Las críticas también han apuntado a la derecha española, a la cual acusan de no tener "energía, propuestas ni discursos adecuados para resolver la situación actual".

Entre los firmantes, hay ex altos cargos socialistas y populares como Soledad Becerril, Rafael Arias Salgado y José Luis Corcuera; escritores y periodistas como Augusto Delkáder; y juristas como Clemente Auger o Elisa de la Nuez, los cuales se han sumado a un llamamiento dirigido a socialistas "silentes", al PP, pero también a toda sociedad para que reaccionen "cívicamente" y eviten la "entrega de los poderes democráticos a supuestos líderes y sistemas populistas". El manifiesto recoge que las decisiones del Gobierno "coinciden con la pretensión del secesionismo vasco y catalán de ruptura flagrante de la Constitución". "Si estos propósitos prosperaran, estaríamos en las puertas de un proceso que acabaría destruyendo la nación política española", advierten. Asimismo, también cargan contra los socios de gobierno de los socialistas, Podemos, señalando que la formación, "fuera de las vías constitucionales obligadas, propugna instaurar un modelo plurinacional de corte confederal".

En contra de los indultos

En el escrito, aseguran que de acuerdo con esta "lógica destructiva" están teniendo lugar propuestas legislativas que propician una "mutación que transgrede la separación de poderes, priva a las Cortes Generales de su primacía democrática, desactiva atribuciones esenciales del Tribunal Constitucional y suprime mayorías cualificadas y cuórums" en el Consejo General del Poder Judicial. En este sentido, aseguran que la reforma del Ejecutivo rompe "el sistema de contrapesos irrenunciables que garantizan la autenticidad democrática de nuestra Carta Magna".

Para ejemplarizarlo, exponen la "impunidad otorgada, mediante leyes ad hoc" a los presos políticos catalanes, a quienes en el manifiesto llaman "responsables de los hechos sediciosos en Catalunya los meses de septiembre y octubre del 2017". Según argumentan, con eso "se desprotege penalmente la integridad de la Constitución y atenta contra el principio de generalidad de las normas jurídicas". También citan los intentos de reforma de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial, mediante una proposición de ley que "elude los informes técnicos consultivos, desapoderan de controles tecnicojurídicos al sistema institucional y permiten a la mayoría parlamentaria favorecer un proceso de demolición de la Constitución, así como del bloque de leyes orgánicas que la desarrollan".

Los firmantes

Entre los 255 firmantes del manifiesto, hay destacados periodistas como Miguel Ángel Aguilar, Augusto Delkáder, Juan Luis Cebrián, Antonio Caño, Javier Ayuso o Agustín Valladolid; catedráticos como Luis Rodríguez Ramos; embajadores como Leopoldo Stampa, Carlos Bastarreche, Inocencio Arias y empresarios como Ramón Mendoza o Daniel de Busturia. También se han adherido exministros del PSOE y del PP, entre los cuales César Antonio Molina, José Luis Corcuera, José María Michavilla, Rafael Arias Salgado y José Luis Leal; escritores como Fernando Savater, Félix de Azúa, Félix Ovejero y Andrés Trapiello; o el expresidente del CES Marcos Peña.

El expresidente de la CNMV Sebastián Abella o el exdirector del CNI Jorge Dezcallar se han sumado al manifiesto, así como el expresidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina, recientemente expulsado del PSOE; el exsecretario general del PSE Nicolás Redondo o Pedro Bofill, que formó parte de la ejecutiva del PSOE hasta 1989. La eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa, el exdiputado en el Parlamento Europeo Francisco Insulsa Wagner o la exministra de Cultura y Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, también han firmado en este escrito en contra de la reforma del Código Penal.