El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha emitido una orden por la cual toma el control de los Mossos d'Esquadra, así como otros cuerpos policiales autonómicos y toda la policía local en virtud del estado de alarma por el coronavirus pero sólo para las cuestiones que tienen que ver con la pandemia.

En concreto, el Ministerio del Interior ha emitido una orden para establecer una "acción concertada" de los diversos cuerpos policiales, una vez el Consejo de Ministros aprobó el decreto de estado de alarma por el coronavirus, que incluye que los Mossos d'Esquadra y las policías locales queden bajo sus órdenes. La orden también incluye al personal de seguridad privada.

En el orden, el ministro Fernando Grande-Marlaska establece que los cuerpos policiales harán "dispositivos de seguridad, fijos y móviles," a las vías y espacios públicos y a la red de transporte para "asegurar el cumplimiento de las medidas limitativas de la libertad ambulatoria". Además, la orden avisa de que los ciudadanos que incumplan o se resistan a órdenes de la autoridad podrán ser sancionados.

Según informa el Ministerio del Interior a través de un comunicado, estos dispositivos de seguridad se harán particularmente "en aquellos lugares o franjas horarias que específicamente se puedan ver afectados por las restricciones que se acuerdan".

Garantizar acceso a los servicios básicos

El orden recopilación que hará falta tener en cuenta "en todo caso" la necesidad de garantizar que los ciudadanos "puedan acceder a su puesto de trabajo y a los servicios básicos en caso necesario", así como "permitir la movilidad del personal de entidades dedicadas a la prestación de servicios esenciales o al abastecimiento y distribución de bienes y servicios de primera necesidad".

El decreto de estado de alarma que ha aprobado el Gobierno establece que los ciudadanos sólo podrán circular por las vías de uso público para comprar alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad; asistencia a centros sanitarios; desplazamiento al puesto de trabajo; retorno al lugar de residencia habitual; asistencia y cuidado de mayores, pequeños, dependientes y personas con discapacidad; desplazamiento a entidades financieras o de seguros, o por causa de fuerza mayor.

La resolución aprobada por el Ministerio del Interior mantendrá su vigencia mientras la tenga el decreto de estado de alarma y tiene como destinatarios todos los cuerpos policiales, y también el personal de las empresas de seguridad privada. Todos ellos quedan bajo las órdenes de Grande-Marlaska para "la protección de personas, bienes y lugares", y con el objetivo de garantizar una "acción concertada". En la resolución se imparten "criterios comunes de actuación" a fin de que trabajen de forma "coordinada bajo el mando del ministro del Interior".

Así, la resolución afirma que "la ciudadanía tiene el deber cívico de colaborar y no obstaculizar la tarea de los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones" y advierte que "el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la autoridad competente será sancionado según lo que disponen las leyes".

"Proporcionalidad y necesidad"

En cualquier caso, el orden del Ministerio observación que las medidas se tienen que aplicar de acuerdo con los principios de "proporcionalidad y necesidad", con el objetivo de "proteger la salud y la seguridad de los ciudadanía y contener la progresión de la enfermedad".

El Ministerio remarca que en todos los dispositivos de seguridad "se potenciará la colaboración y coordinación entre cuerpos policiales con competencia en cada ámbito territorial", así como la colaboración del personal de seguridad privada que preste servicio en las instalaciones y servicios afectados.

Centro de Coordinación Operativa

El Ministerio del Interior constituirá un Centro de Coordinación Operativa para asegurar una "transmisión permanente y continua de información" con las fuerzas de seguridad para la difusión de órdenes y directrices de actuación y para la recepción y seguimiento de novedades.

Apoyo a profesionales sanitarios

El orden también pone a disposición de las autoridades y de los profesionales sanitarios los cuerpos policiales para "auxiliar instituciones y profesionales" en las situaciones que sea necesario para poder prestar asistencia médica urgente. De hecho, se reforzarán las medidas policiales de seguridad para garantizar el funcionamiento de los centros sanitarios, y también a establecimientos que elaboran, almacenan y distribuyen productos farmacéuticos y sanitarios. Además, cuando haga falta también se dará apoyo a los desplazamientos de servicios sanitarios o de emergencias.

Suministro de alimentos

Además, los cuerpos policiales también tendrán que prestar apoyo a las medidas destinadas a garantizar el suministro de alimentos y de otros bienes y servicios, y se reforzarán medidas para garantizar el funcionamiento de infraestructuras críticas. También se harán tareas para garantizar el cierre de la actividad comercial y actos de culto.

Finalmente, la orden también prevé un apartado para la protección de la salud de los agentes y garantiza que "se observarán en todo caso las recomendaciones e instrucciones impartidas por las autoridades sanitarias" para la prevención del coronavirus.