Sin sorpresas ni giros de guion dramáticos de última hora, María Guardiola ha sido investida presidenta de Extremadura con el apoyo de Vox a cambio de un pacto que incluye el concepto de “prioridad nacional” que la dirigente del PP ha intentado esquivar y que los ultras, que tendrán dos consejerías en el gobierno autonómico, han puesto sobre la mesa. A la tercera ha ido la vencida, después de dos votaciones fallidas a raíz de las elecciones que ella misma adelantó a finales de 2025 para deshacerse de Vox y que no tuvieron el resultado esperado: el batacazo del PSOE fue histórico, como el aumento de apoyo de los ultras, que han aumentado sus exigencias. Guardiola llegó a la presidencia de Extremadura en 2023 tras pactar con los de Santiago Abascal, a pesar que había asegurado que no lo haría. Ahora, será investida por segunda vez en un acto este viernes en el Anfiteatro Romano de Mérida.
En su discurso, Guardiola ha asegurado que no pedirá perdón a nadie por gobernar con la ultraderecha, que controlará a las consejerías de Agricultura y Familia, ya que las “urnas hablaron”. Según la presidenta, este acuerdo no es “fascismo”, una palabra que han utilizado reiteradamente los partidos de la oposición desde las elecciones, sino “mayoría parlamentaria”. “Solo desde el acuerdo pueden salir políticas útiles para la ciudadanía. ¡Dejen de demonizar este acuerdo!”, ha clamado la popular en el PSOE y Unidas por Extremadura, que aglutina las formaciones de izquierdas en la comunidad y logró un resultado electoral bastante bueno, comparado, sobre todo, con aquellos territorios donde se han presentado por separado.
Con la “prioridad nacional” en el centro del debate
En la fase final de las negociaciones, incluso cuando el pacto ya se había firmado, un concepto ha centrado todo el debate: “prioridad nacional”. Este, tomado de la extrema derecha francesa, se traduce en poner por delante a las personas nacidas en el Estado, por ejemplo, en la concesión de ayudas o subvenciones. Cáritas, el organismo de la Iglesia católica dedicado a la beneficencia, se ha alejado de este discurso, e Isabel Díaz Ayuso, que suele hablar del “Madrid de todos los acentos”, también ha marcado distancia: “Yo creo en la ley y en el orden y, por tanto, pienso que no se puede dejar a nadie al margen, de manera ilegal, de derechos que le corresponden. Así pues, si se ha de cumplir la ley, considero que muchos de estos requisitos no son legales”, afirmó.
Las dudas sobre este concepto no solo se limitan a Extremadura, sino que también han llegado al Congreso, donde el PP presentó una enmienda a una moción de Vox que propone establecer la “prioridad nacional” a la hora de recibir ayudas o acceder, por ejemplo, a viviendas de protección oficial. Los populares proponen priorizar el acceso a ayudas, subvenciones y prestaciones públicas a quienes acrediten un “arraigo real, duradero y verificable en el territorio”, que debe incluir, entre otros, un período mínimo de arraigo, el empadronamiento o un mínimo de cotización para recibir ayudas. Un enfoque que, según el PP, se enmarca en “el espíritu” del pacto extremeño. Mientras tanto, desde Vox advierten que esta idea también estará representada en futuros pactos para gobiernos autonómicos con los populares, como por ejemplo en Aragón.