Manuel Marchena, el magistrado que preside la sala que tiene que juzgar el 1-O presidirá el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo, según han pactado PP y PSOE. Según ha confirmado la Moncloa, ambas formaciones han cerrado definitivamente la renovación del poder judicial y han pactado que Marchena presida el poder judicial a cambio de garantiar una mayoría progresista en el CGPJ. Marchena, autor intelectual de la causa contra los presos políticos, dejará la presidencia de la sala de lo penal del Supremo y no dirigirá el juicio del caso 1-O.

Marchena, ponente de la causa que se ha seguido en el Tribunal Supremo contra los presos políticos, ha sido el hombre clave en la estrategia judicial contra el procés. En las negociaciones que han mantenido el PSOE y el PP para la renovación de la cúpula judicial, los populares han presionado para no perder el control de la sala que tiene que juzgar el caso 1-O, y finalmente han cedido a cambio de colocar a Marchena al frente del poder judicial, desde donde podrá también ejercer su influencia en tanto que presidirá el Tribunal Supremo.

Mayoría progresista

De acuerdo con el pacto entre ambas formaciones políticas, el CGPJ estará presidido por un juez conservador, pero tendrá mayoría progresista. Los socialistas, con sus socios, tendrán 11 vocales, y los populares solo nueve.

Las negociaciones entre el PP y el PSOE han sido difíciles debido al rechazo que provocaba el conservador Marchena entre los sectores progresistas de la judicatura. Rechazo al que se ha sumado el socio principal del PSOE al Congreso, Podemos. La formación liderada por Pablo Iglesias reclama consensuar al menos el nombre de cuatro de los vocales progresistas.

El Consejo General del Poder Judicial está formado por 20 vocales elegidos por el Congreso y el Senado. De los veinte vocales, ocho juristas son propuestos por Congreso y Senado, que se presentan hoy, y doce son propuestos por las asociaciones judiciales pero que también se votan en las Cortes, de forma que a la práctica todo es fruto de un pacto político para los reparto de plazas. Después, los 20 vocales eligen el presidente, que no tiene que estar entre ellos. El presidente, al ser el número 21, es quien desempata y tiene voto de calidad.

Mensaje de consenso

El gobierno de Pero Sánchez ha aceptado finalmente el nombre de Marchena porque considera que en el momento actual, máxime tras lo ocurrido con la decisión del Tribunal Supremo sobre el impuesto de las hipotecas, era necesario un mensaje de acuerdo y consenso de los partidos en torno a la justicia.

El objetivo del Gobierno ha sido no bloquear a la justicia, sino facilitar su renovación, aseguran fuentes de Moncloa a Efe, que recalcan que como fruto de la negociación, habrá 11 representantes del CGPJ que serán propuestos por partidos progresistas.

Esa circunstancia aseguran que facilitará que haya un órgano de gobierno de los jueces más colegiado y menos presidencialista y, por tanto, será mucho más necesario el acuerdo.