El Partido Popular aprobará en el próximo pleno del Senado un nuevo choque institucional contra el Congreso de los Diputados y el Gobierno por el veto a que se discutieran dos enmiendas a la ley contra la multirreincidencia de Junts que pretendían endurecer la regulación extraordinaria de inmigrantes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pactó con Podemos. Durante la tramitación parlamentaria de la ley, y antes de su aprobación definitiva, el Gobierno pidió al Congreso que no se discutieran las enmiendas de los populares porque repercutirían en un aumento del gasto. La Constitución española faculta al Gobierno a oponerse a las normas que puedan suponer o bien un aumento del gasto o bien un descenso de la recaudación y que no sean los presupuestos generales del Estado. La portavoz de los populares en la cámara alta, Alicia García, ha confirmado que la letrada mayor del Senado ve inconstitucional la decisión del Gobierno y, por lo tanto, la mayoría absoluta del PP aprobará en el próximo pleno, los días 21 y 22 de abril, el choque institucional con Congreso y Gobierno. Después de eso, las dos instituciones tendrán un mes para responder desde el momento en que reciban el planteamiento de conflicto de atribuciones, aunque no están obligadas a contestar. En este caso, o si la respuesta es negativa, el Senado podrá elevar la cuestión al Tribunal Constitucional, como ya ha hecho en hasta 13 ocasiones en esta legislatura.

Una enmienda endurecería las regularizaciones

El Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría absoluta, aprobó cinco enmiendas de los populares para endurecer la ley contra la multirreincidencia que Junts presentó en el Congreso de los Diputados y que el PSOE sacó adelante después del anuncio de ruptura entre los independentistas y la formación de Pedro Sánchez. El Gobierno ya intentó vetar dos de las enmiendas de los populares durante su tramitación en el Senado con el argumento del aumento del gasto presupuestario. Una de ellas aumentaba el número de fiscales hasta una cuota de un fiscal por cada 100.000 habitantes del Estado, mientras la otra indicaba que solo un documento oficial puede acreditar la ausencia de antecedentes penales para obtener el permiso de residencia. Esta enmienda iba directamente contra la ley de regularización aprobada por la cámara baja, que permite, en última instancia y sin garantía de otorgarse la residencia, la presentación de una declaración responsable de que no se tienen antecedentes por parte del solicitante. Concretamente, la cámara alta aprobó una enmienda pactada por PP, Vox y Junts que modificaba la ley de extranjería para que, en los procesos de regularización de inmigrantes, se asegure que el solicitante no tenga antecedentes penales ni procedimientos abiertos y que no esté sujeto a una causa penal en España.

Según el Gobierno, la votación de la enmienda relativa a extranjería exigiría desplegar 400 plazas más de funcionarios en las comisarías de extranjería con un coste medio de 42.000 euros, lo que supondría un incremento presupuestario de 16,78 millones. Y el veto a la enmienda que pedía ampliar la plantilla de fiscales lo justificó con el argumento de que implicaría convocar 491 plazas de fiscales, lo que supondría un coste extra estimado de 53,79 millones de euros. Sin estas dos enmiendas, la cámara baja aprobó definitivamente el 26 de marzo la reforma del Código Penal que busca resolver el fenómeno de la multirreincidencia elevando las penas. La modificación contó con la ratificación también de PP, PNV, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro. ERC se abstuvo, mientras que Bildu, Podemos, BNG y Compromís votaron en contra.

El Congreso veta discutir las enmiendas

Con la norma enmendada en la cámara alta —cinco a propuesta del PP, una del PSOE y una última de Vox—, la ley de multirreincidencia volvió al Congreso para su aprobación definitiva. En esta instancia, el Gobierno volvió a pedir que se vetara la discusión de las dos enmiendas que, según indica, habrían supuesto un aumento del gasto de unos 71 millones de euros. Aunque también el letrado mayor del Congreso consideró que el veto no procedía, la Mesa, controlada por mayoría del PSOE y Sumar, decidió seguir el argumento de Sánchez y no permitió al Congreso debatir las enmiendas. Si se hubieran votado, la alianza que ya venía de aprobarlas en el Senado las habría podido volver a aprobar en el Congreso con una nueva derrota para el gobierno español en el legislativo, pero no llegaron ni a discutirse. En un escrito enviado al Congreso este sábado, el PP consideraba que el veto a discutir las enmiendas fue una decisión “arbitraria, extemporánea e inconstitucional”, ya que entendía que se contradecía la doctrina del Tribunal Constitucional y suponía una vulneración del proceso legislativo.

El PP sostenía en su escrito que el Gobierno no puede vetar una enmienda aprobada por el pleno del Senado y que aceptar este veto supondría un “ensanchamiento de la potestad de veto incompatible con el protagonismo que en materia legislativa la Constitución atribuye a las Cámaras y a la Constitución misma”. Asimismo, el escrito sostiene que la decisión vulnera el derecho al ejercicio pleno del cargo representativo “de conformidad con la ley” recogido en el artículo 23.2 de la Constitución, al impedir que el pleno del Congreso se pronunciara sobre unas enmiendas ya aprobadas por el Senado. Si este choque llega al Constitucional, que es lo más probable, ya que Congreso y Gobierno avalaron el veto, sería la 13.ª ocasión en esta legislatura. El Constitucional, sin embargo, aún no se ha pronunciado sobre ninguno de los conflictos de atribuciones que tiene sobre la mesa.