El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite este martes el conflicto institucional planteado por el Senado —controlado por la mayoría absoluta del PP— contra Pedro Sánchez por gobernar sin presupuestos. Así lo ha confirmado el tribunal de garantías en un comunicado, en el que se refiere a “el incumplimiento del deber constitucional de presentar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para los años 2024, 2025 y 2026, así como en relación con el uso que se ha hecho de las prórrogas presupuestarias durante estos tres años sin que se hayan aprobado” nuevas cuentas.
El pasado diciembre, a las puertas de las vacaciones de Navidad, los populares abrieron un nuevo choque institucional con el Gobierno: el Senado elevó al Tribunal Constitucional un conflicto de atribuciones con el ejecutivo de Sánchez por no cumplir con la obligación que recoge la Carta Magna de presentar la ley de presupuestos. Así, la cámara alta pedía al tribunal de garantías que se anulen las diversas prórrogas presupuestarias.
Dos meses antes, la mayoría absoluta del PP en este hemiciclo aprobó en un Pleno este conflicto de atribuciones con el Gobierno, con el objetivo de conseguir que el Ministerio de Hacienda presente lo antes posible las próximas cuentas. El departamento liderado por María Jesús Montero —y el propio Sánchez— insisten en que sí que presentarán estos presupuestos, pero los meses pasan y nada de eso pasa, sobre todo ahora que Junts per Catalunya ha roto sus relaciones con el PSOE, y que Esquerra Republicana exige avances en la cesión de la recaudación del IRPF a Catalunya.
Prórrogas y más prórrogas ante la minoría parlamentaria
Los presupuestos que hay en vigencia actualmente son los del 2023. Sánchez renunció a presentar los del 2024 cuando se convocaron elecciones anticipadas en Catalunya, consciente de que la campaña electoral y las negociaciones para investir a Salvador Illa como president de la Generalitat impedirían la negociación de unos nuevos presupuestos. Y con los del 2025 directamente tiró la toalla ante una debilidad parlamentaria creciente. Estamos a finales del segundo mes de 2026 y no se espera que el Gobierno dé el paso, a pesar de que en público y en privado insistan en que les gustaría presentar las cuentas este primer trimestre.
El texto presentado por el PP
En el texto del conflicto de atribuciones, el PP cree que el Senado no puede “admitir ni tolerar el incumplimiento" de la obligación que la Constitución impone al Gobierno, "que tiene un deber constitucional de presupuestar". De la misma manera, los populares advierten que no pueden "admitir" la "práctica fraudulenta" de modificación presupuestaria "al margen del Parlamento" a consecuencia de la falta de presupuestos, porque consideran que es "contraria al principio de legalidad presupuestaria".
"La situación actual, que se reproducirá en 2026, de mantener prorrogados unos presupuestos de 2023, es solo comparable a la situación que se produjo en 2020, cuando se mantuvieron prorrogados los presupuestos de 2018, ya que el Gobierno, por la crisis provocada por la pandemia de Covid-19, decidió no presentar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de aquel año", expone el PP. En este sentido, cree que actualmente "no existe justificación posible" para no presentar los presupuestos, "excepto la de no haber podido llegar a un acuerdo con las fuerzas parlamentarias con suficiente peso para asegurarse la aprobación de estos".