Más de 14.400 personas han firmado ya el manifiesto a favor de la celebración de un referéndum unilateral de independencia (RUI) el año 2017, según cifras de este jueves aportadas por la organización. La web elreferendum.cat reclama que en 2017 se apruebe la ley de transitoriedad jurídica con los mecanismos de transición entre la legalidad española y la nueva legalidad de la República catalana para "garantizar un proceso neutral, abierto y plural" que permita la celebración del referéndum, así como que el Parlament lo convoque a lo largo del año próximo e independientemente de lo que diga el Estado.
El manifiesto se lanzó a mediados de julio con un primer bloque de 100 firmas de personalidades del mundo político y social, como Antoni Abat, Anna Arqué, Antonio Baños, Andreu Barnils, Josep Lluís Carod-Rovira, Mireia Carulla, Toni Castellà, Òscar Dalmau, David Fernàndez, Jordi Graupera, Elisenda Paluzie, Toni Soler y Enric Vila, entre otros.
La petición también pide que una vez celebrado el referéndum, en caso de que saliera un 'sí', el Parlament debería proceder a declarar la independencia y a "informar a todas las naciones del mundo" porque, de esta manera, "la transitoriedad jurídica entraría inmediatamente en vigor para poner en marcha el nuevo Estado".
El grupo parlamentario de la CUP en bloque se añade
Un día después de la publicación del manifiesto se sumaron los diez diputados de la CUP en el Parlament. En un comunicado, el diputado Benet Salellas recordó que esta petición está en "plena sintonía" con lo que su partido pidió hace poco, y recordó que el 30 de junio hizo un acto en la plaza del Rei de Barcelona en que formuló la misma demanda.
Salellas considera que las elecciones generales del 26-J cerraron la puerta a cualquier referéndum acordado con el Estado central, por lo que la mayoría soberanista catalana "tiene la obligación de buscar una alternativa factible para ejercer el derecho de autodeterminación cuanto antes mejor".
Según la CUP, sería un referéndum unilateral por necesidad, ya que es imposible pactarlo, y concluyó que debería tener "la determinación del entramado institucional de la Generalitat y, por lo tanto, el Govern y el Parlament tendrían que volcarse con la intención de que se haga con todas las garantías".