El 1-O sacude al Gobierno, tras el roce con el juez Pablo Llarena, quien requirió este miércoles a Cristóbal Montoro para que pruebe por qué niega la malversación, mientras parte de la instrucción del Supremo pivota sobre ese delito. El hecho es que fuentes del Ejecutivo se quejan de que Ciudadanos haya colocado la financiación del referéndum en la agenda mediática, forzando al gabinete ministerial a pronunciarse en público, algo que critican porque pone el acento en cómo el Estado y la Moncloa no lograron impedir al independentismo poner las urnas.

"Si quiere gobernar, tendría que tener más hechura" cargaba una fuente del Gobierno en alusión a Albert Rivera, después de las varias preguntas que el grupo naranja ha formulado al respecto, en sesión de control en el Congreso. Una de ellas, la más polémica, fue la dirigida a Mariano Rajoy, cuando este respondió el 7 de febrero que no se dedicó "ni un solo euro del FLA al referéndum ilegal", mientras que Rivera le replicaba que el sumario judicial contenía indicios para sostener esa acusación. "Le tomo la palabra. ¿Pero si se demuestra, quién dimitirá? desafiaba el líder de Cs.

La cuestión es que el malestar del Partido Popular crece en medio de la batalla con la formación naranja por el votante de la derecha española. Pasa, porque Cs ha perforado el electorado del PP exhibiendo un talante más crudo con el nacionalismo, no solamente catalán, también vasco, por ejemplo, con las denuncias al cuponazo –cupo vasco. En segundo lugar, en la Moncloa consideran una falta de lealtad usar el procés de forma partidista, y las fuentes ponen el ejemplo del PSOE, de quien insinúan que actúa con discreción, mientras Cs lo hace en público. "No lo preguntaron en privado" lamentan.

Si bien, las declaraciones han dejado tras de si ciertas lagunas. Fuentes de Hacienda no descartaban aquel mismo día entre pasillos que el Govern hubiera emitido facturas falsas. "Podría haber pasado" decían cercanos a Montoro, que recordaban que la Abogacía del Estado era parte personada en el caso del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona. Así y todo, este mismo miércoles la versión volvía a ser la de Rajoy y la secretaria general de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda, Belen Navarro, insistía en que no se destinó dinero público al 1-O.

Así las cosas, los dirigentes independentistas niegan tajantemente que lo pagase la Generalitat, algo que de ser así, avalaría el presunto delito de malversación por el cual están procesados en el Supremo. En su defensa, recuerdan que en el momento de celebrar el referéndum, y desde el 15 de septiembre, las finanzas de la Administración catalana habían sido intervenidas por Montoro. Por tanto, las facturas estaban sometidas al control férreo de la intervención general, organismo que depende del ministerio, y que se cree difícil de manipular por su carácter técnico.

Ante ese escenario, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, también se vio las caras con Rivera el pasado 21 de marzo, cuando este acusó al Ejecutivo de "mentir". "No me enseñe portadas de diario" se encendió Santamaría, quien le instó a "no sumarse a cualquier coyuntura", en alusión a sacar provecho del caso. "En vez de hacer publicidad sobre qué listos son algunos, tendríamos que reforzar entre todos este Estado de Derecho" se revolvió. Ya Rajoy en su momento había denunciado que el líder de Cs "criticara más" a él, que a los independentistas.

Con todo, la acusación de malversación guarda simbolismo, ya que fue el único delito que comportaba prisión, de los que pesaba sobre Artur Mas antes del juicio del 9-N. Si bien, la Fiscalía retiró la petición, y el expresident fue condenado a dos años de inhabilitación por desobedecer al Tribunal Constitucional. También es un delito relevante para Carles Puigdemont, ya que es por el único que el Tribunal alemán de Slesvig-Holstein estudia la extradición por ahora, después de haber descartado Alta Traición, ambos tipos por los que el juez Llarena emitió la euroorden a Alemania.