Magistrados del Tribunal Supremo se han pronunciado en contra de una posible ley de amnistía para los líderes del procés, condición de Carles Puigdemont para el apoyo de Junts a una eventual investidura de Pedro Sánchez y opción de entendimiento con el independentismo catalán que Sumar promueve y el PSOE valora para mantenerse en la Moncloa. Miembros del alto tribunal han declarado a El Mundo que aprobar una amnistía sería "abrir un agujero irreparable al Estado de derecho" y temen que deslegitime las sentencias de la justicia española ante los hechos del 1-O.
Según han explicado estas fuentes, una amnistía tiene como fundamento anular "la injusticia de una condena", de forma que consideran que, de aprobarse, "se estaría legitimando el intento de secesión del 1-O" y, dicen, atentaría contra la separación de poderes, en tanto que "se estaría impidiendo a los jueces juzgar y hacer ejecutar lo que se ha juzgado". También consideran que una amnistía ad hoc para los líderes políticos implicados en el 1-O sería una "vulneración del principio de igualdad entre todos los españoles recogido en el artículo 14 de la Constitución". Hay también quien lo ha descrito como una "aberración" de "ley de impunidad" y una "bofetada" en el TS: "Es tanto como reconocer que la actuación del Estado fue injusta", concluyen los sectores más críticos del alto órgano judicial.
Asens defiende la amnistía
El jurista y miembro del equipo negociador de Sumar con Junts, Jaume Asens, ha considerado este jueves que hay margen para aprobar una ley de amnistía antes de una posible votación para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno si fracasa la del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. "Hay margen a través de un procedimiento de lectura única. Es forzar un poco los ritmos, pero es posible. Es lo que sucedió con la reforma de la sedición", ha afirmado este jueves en una entrevista en el canal 3/24. Asens sostiene que "no hay ningún país europeo que prohíba las amnistías" y advierte que "negar la legitimidad de la amnistía es negar la legitimidad del régimen de 1978", en tanto que la democracia española a partir de la Transición se construye con una ley de amnistía para todos los hechos de la dictadura franquista y la Guerra Civil. El dirigente de En Comú afirmó hace pocos días que trabaja coordinando un equipo de juristas para ver qué fórmulas jurídicas hay para sacar adelante una amnistía con la mayor garantía posible para que no la tumben los tribunales.
La vieja guardia del PSOE y el ala derechista, en contra
El expresidente del Gobierno y dirigentes durante décadas del PSOE, Felipe González, y el exvicepresidente socialista Alfonso Guerra también se han pronunciado en contra de la amnistía. González dijo este martes, en una entrevista en Onda Cero, que votó al PSOE el pasado 23 de julio, aunque con poco convencimiento y mostró su negativa a una ley de amnistía: "La Constitución no es un chiclé que se adapta al deseo particular de cada uno". El expresidente asegura que supondría dar la razón a los líderes independentistas. "Yo no cometí ningún delito ni ninguna falta, yo hice lo correcto y me reconocen que el sistema represor es el que me culpabilizó injustamente de haber hecho la desconexión el seis y siete de septiembre. Soy yo la víctima de la represión, yo hice lo correcto y lo puedo volver a hacer", ha reflexionado González, poniéndose en la piel de un independentista condenado.
Por su parte, Guerra hizo las siguientes declaraciones este jueves: "Yo no me resigno, no lo soportaré, me rebelo, porque esta amnistía es la condena de la Transición, que es lo que han querido desde hace años y ahora lo dicen explícitamente". Según el exnúmero 2 del PSOE, la amnistía "no cabe en absoluto en la Constitución". También se han pronunciado en contra de la amnistía al Procés algunos miembros del ala más derechista del PSOE, como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que sostiene que "vulnera el principio de igualdad ante la ley", y el expresidente de Aragón, Javier Lambán, que ha asegurado que "choca con la Constitución".
El presidente del Supremo urge a renovar el CGPJ
Por otra parte, el presidente interino del Tribunal Supremo, Francisco Marín, ha centrado el discurso de apertura del año judicial en la denuncia de la situación de la justicia por la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Marín ha instado a las formaciones políticas con representación parlamentaria a alcanzar un acuerdo con "urgencia". Hace un año ya lo exigió su predecesor, Carlos Lesmes, que dimitió para tratar de forzarlo sin éxito. En el acto que tiene lugar anualmente en el Supremo presidido por el rey Felipe VI, Marín ha reclamado que se respete la independencia judicial y ha argumentado que para garantizarla hace falta que haya "un verdadero compromiso democrático de cooperación leal entre los diferentes actores políticos". "Las altas responsabilidades que el pueblo soberano les ha confiado están por encima de los intereses partidarios", ha dicho. Marín ha remarcado que el CGPJ —que tiene el mandato agotado desde hace casi cinco años— tiene como "misión fundamental velar por la independencia de los jueces" y no proceder a su renovación "no deja de ser una manera de recortar la plenitud de esta independencia".