Un vecino de Madrid ha sido multado con 601 euros para poner lazos amarillos en el distrito madrileño de Carabanchel, según la entidad Madrileños por el derecho a decidir. Los hechos tuvieron lugar en septiembre del 2018, cuando tres personas, dos de ellas jubiladas, colgaban el símbolo en defensa de los políticos independentistas presos para recordar que llevaban encarcelados cerca de un año y fueron identificados por la policía.

Después de recordar que la Fiscal General del Estado había declarado poco antes que quitar o poner lazos amarillos no era delito, la agrupación lamenta que en Madrid no se permite porque, a su parecer, rompe el relato que nadie más en todo el país se solidariza con el proceso catalán, dando apoyo a su derecho a decidir y protestando legítimamente ante el encarcelamiento de sus líderes.

Según el relato que hace la entidad, mientras tres personas colgaban lazos aparecieron una veintena de agentes de la Policía Nacional, algunos de paisano, que bajaron de ocho vehículos para identificarlas. Algunos agentes quitaron los lazos y otros pidieron la documentación a los tres identificados. Más tarde, cuando se la devolvieron, a uno de ellos le entregaron también un acta de denuncia donde se especificaba que se había negado a darla. La entidad niega este extremo.

Madrileños por el derecho a decidir añade que pasaron meses sin que la persona denunciada recibiera ninguna notificación por correo del inicio del expediente sancionador. Este trámite, subraya, le habría permitido presentar alegaciones.

El junio pasado recibió la notificación de resolución que le imponía la sanción de 601 euros por "desobediencia a unos agentes y negar en reiteradas ocasiones a entregar la documentación cuando le fue requerido".

La entidad considera esta afirmación "falsa y ridícula", así como de una "excusa" delante la "decepción" por el "resultado miserable" de una operación policial llevada a cabo con un despliegue "desproporcionado". Finalmente, la entidad lamenta que se trata "de un caso más" de la aplicación de la Ley Mordaza "con la cual pretenden silenciar cualquier voz disidente".