Condena unánime de los impulsores. Esquerra Republicana, Junts, la CUP y los comuns, junto con el Sindicat de Llogateres, han comparecido este jueves en el Parlament para criticar con dureza al Tribunal Constitucional (TC), después de que este haya anulado parte de la ley catalana que limita los precios de los alquileres. La normativa ya nació con máxima incertidumbre después de que el Consell de Garanties Estatutàries dictaminara, a instancias de Ciutadans y el Partido Popular, que algunos de los artículos del texto eran inconstitucionales. Posteriormente, los populares acabaron recurriendo la ley catalana al TC, que ahora se ha pronunciado: los magistrados han decidido por unanimidad que la norma invade competencias del Estado.
Ante esta realidad, los promotores de la normativa se han plantado y han lanzado una advertencia: "Lo volveremos a hacer. Volveremos a regular los alquileres". Así, recogiendo el ya famoso lema del independentismo, la portavoz del sindicato Carme Arcarazo ha avisado de que "esto no quedará así", y ha pedido a todas aquellas personas que se vean afectadas por la decisión del TC a "desobedecer" con el fin de no incrementar sus alquileres. "Las leyes injustas que pretenden expulsarnos solo tienen una respuesta posible, que es la desobediencia", ha clamado.
Similarmente, el también portavoz Enric Aragonès ha subrayado que, durante el periodo en funcionamiento, la ley de regulación ha funcionado, haciendo bajar los alquileres e incrementando el número de contratos firmados. "Quien decía que se rompería el mercado ya ha visto que no es verdad", ha celebrado. También ha recordado que la regulación aprobada por el Parlament contó con un "amplio apoyo social" de más de 4.000 entidades en Catalunya. Según el sindicato, pues, la decisión del Constitucional solamente ha servido para "hacer el trabajo sucio a la derecha, que perdió la batalla en los parlamentos, y a la patronal inmobiliaria, que ha visto sus beneficios amenazados".
Apoyo de los cuatro partidos
En su comparecencia pública, el Sindicat de Llogateres ha sido acompañado por representantes de los cuatro partidos que habían dado apoyo a la regulación. Desde Esquerra Republicana, Marta Vilalta ha reivindicado la necesidad de la independencia con el fin de tener "todas las herramientas de un estado" y poder así hacer todo aquello que las instituciones españolas impiden. "Tenemos derecho a regular los precios del alquiler, y lo volveremos a hacer", ha repetido. Para Junts, Glòria Freixa ha criticado las "intromisiones competenciales" de los tribunales españoles, y ha compartido la voluntad del partido de trabajar con el sindicato para evitar que la próxima ley también sea tumbada: "Tenemos que construirla de manera que sea más fiable legalmente". La cupaire Montserrat Vinyet, como Vilalta, ha destacado la necesidad de lograr la independencia de Catalunya para evitar situaciones similares, y ha reclamado que el Parlament responda con una normativa que vaya "más allá" que la tumbada por el TC. Y con respecto a los comuns, Susanna Segovia ha señalado directamente al Partido Popular, culpando a los conservadores de dificultar la vida de todas aquellas personas que estaban a punto de firmar un mejor alquiler del que tenían: "La vida de todas estas personas recae en el PP".
"Una bomba para las familias"
En un comunicado, la CUP ha denunciado una nueva "injerencia del TC" contra la actividad legislativa del Parlament. La diputada Montserrat Vinyets ha criticado que la sentencia demuestra que "dentro del Estado español es imposible sacar adelante políticas mínimamente progresistas", y ha lamentado que se utilicen las competencias entre administraciones como una "excusa" para justificar la anulación de la ley catalana. El Sindicat de Llogateres también se ha pronunciado al saberse la noticia. En un tuit, ha tildado de la decisión de "bomba para miles de familias que ahora quedan desprotegidas". "Aquello que un pueblo desea y decide, no hay ningún tribunal que lo pueda detener", ha advertido.
El recurso del PP
El mismo día que el Parlament aprobaba la nueva ley de los alquileres, el Partido Popular enviaba su aviso: llevaría la normativa al Tribunal Constitucional. De hecho, el Consell de Garanties Estatutàrias ya había advertido en un dictamen que buena parte del texto era inconstitucional. Con este precedente, era fácil anticipar qué resolvería el Constitucional.
En enero del año pasado, el TC admitía a trámite el recurso de constitucionalidad presentado por una cincuentena de diputados del Partido Popular. El tribunal trasladaba entonces la demanda y los documentos al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno, al Parlament y al Govern para que formularan las alegaciones pertinentes, ya que consideraba que la norma podía vulnerar los artículos 9.3, 10.1, 25, 33 y 149.1 en los apartados 1, 6, 8 y 18 de la Constitución.
El ejemplo de la ley antidesahucios
Hace solo un par de semanas, el Parlament aprobó por una amplia mayoría la nueva ley antidesahucios que tan largamente habían reivindicado las plataformas por la vivienda. La normativa, que recibió el apoyo de los tres partidos independentistas, los comuns y el PSC, tuvo que impulsarse para superar así el veto del Tribunal Constitucional contra la primera normativa, aprobada en el 2019. El TC lo tumbó el 28 de enero de 2021 por un defecto de forma, por lo que los partidos impulsores iniciaron todo el trámite parlamentario para cumplir con la obligación del tribunal.
¿Qué objetivo tiene la ley?
La ley de los alquileres tiene como objetivo regular la contención y moderación de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda. Las viviendas que serían reguladas por estas medidas son las que consten como "residencia permanente del arrendatario" y que formen parte de un "área declarada con mercado de vivienda tensa".
La regulación de esta nueva ley implicaría limitar los precios de alquileres a partir de dos directrices: no podrán superar los índices de referencia de la Generalitat y tampoco podrán ser más altos que los de los contratos anteriores. Aun así, este índice de referencia se podría incrementar o minorar en un 5% si las partes lo acuerdan y la vivienda cuenta con tres de las siguientes características específicas: ascensor, aparcamiento, muebles, calefacción o aparato de aire acondicionado, zonas comunitarias de uso compartido como jardín o terrado, piscina comunitaria, servicios de conserjería y vistas especiales.