A la segunda va la vencida. El Parlament ha aprobado esta tarde, por una amplia mayoría, la nueva ley antidesahucios que tan largamente han reivindicado las plataformas por la vivienda. La normativa, que ha recibido el apoyo de los tres partidos independentistas y de los comunes y el PSC, tiene como objetivo superar así el veto que el Tribunal Constitucional había declarado contra la primera norma, que se aprobó en 2019. La medida ha recibido el apoyo de 110 votos a favor, y ya antes de que la presidenta del Parlament anunciara el resultado definitivo un grupo de activistas de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) que habían sido invitados a la Cámara han empezado a aplaudir con insistencia.
El diputado de Esquerra Republicana y relator de la ley, Pau Morales, ha celebrado su aprobación. En su intervención durante el pleno, ha recordado que la situación actual en relación con la vivienda es "terrorífica", por lo que la medida era absolutamente imprescindible. En este sentido, ha recordado que cada día se producen desahucios, y ha reivindicado que "no hay derecho a especular", mientras que la ley permite garantizar el derecho a la vivienda. "Haremos seguimiento desde aquí para que se cumpla", ha avisado.
La nueva ley descarta el mecanismo del derecho a compensación para grandes tenedores, pero sí que introduce medidas de fomento de alquileres sociales para evitar desahucios. También se promueve que, a cambio de frenar desahucios, los grandes tenedores no vinculados a bancos o fondos de inversión podrán solicitar a la Generalitat que les alquile la vivienda donde vive una familia en riesgo a precio de protección oficial, quedándose estos como inquilinos con alquiler social. Es por eso que será la Generalitat, a través de la Agencia de Vivienda de Catalunya, quien asuma los alquileres de estas familias, sea a través de ayudas o como arrendataria de estas viviendas, una medida que fuentes parlamentarias consideran que puede incentivar a los propietarios intermedios a mantener pisos de alquiler. Entre las medidas del nuevo texto que se recuperan también están las renovaciones obligatorias de alquileres sociales de los grandes tenedores cuando llegan a su fin; o alquileres sociales obligatorios para hogares vulnerables después de la extinción de su contrato de alquiler.
En duda hasta el final
La medida ha quedado en duda hasta el último instante, y es que unos minutos antes que se reanudara el pleno esta tarde, ha tenido lugar una reunión de la Mesa del Parlament para decidir si se aceptaba una petición de Ciutadans y el Partido Popular. Las dos formaciones españolistas querían pedir al Consejo de Garantías Estatutarias que emitiera un dictamen posicionándose sobre la legalidad de la nueva normativa, pero finalmente la Mesa lo ha denegado. Desde ayer existía la duda de si los dos grupos parlamentarios podían pedir un dictamen al Consejo: la normativa parlamentaria remarca que solo pueden hacerlo grupos con un 10% de los diputados totales de la Cámara (una condición que no cumple ni Cs ni el PP), o si dos grupos parlamentarios diferentes lo piden conjuntamente. Pero los populares, con tres diputados, forman parte del grupo mixto y, formalmente, no tienen grupo propio.
Filibusterismo escondido
La decisión de las dos formaciones españolistas ya generó ayer críticas desde los grupos de izquierdas. El diputado de Esquerra Republicana Pau Morales denunció lo que considera una muestra de "filibusterismo parlamentario" por parte del PP y Cs contra el derecho de la vivienda. "Intento in extremis de detener su aprobación", dijo en un tuit. También el diputado de la CUP Xavier Pellicer se refirió, considerando un "escándalo" que se quisiera parar la normativa, pero no se mostraba sorprendido: "No podemos esperar otra cosa de grupos que defienden los intereses del capital y del Ibex-35". Similarmente, la diputada de los comuns Susanna Segovia también denunció el intento de "filibusterismo parlamentario" de las dos formaciones españolistas, que, según ella, tenía por única finalidad retrasar todo el proceso legislativo. "Ciutadans y el Partido Popular están intentando evitar que una ley con un consenso muy amplio pueda ser vigente".
Consenso en la nueva ley
ERC, Junts, CUP y comuns llegaron a un acuerdo para elaborar una nueva ley catalana antidesahucios y superar así el veto que el Tribunal Constitucional había declarado contra la primera norma. Así, pactaron un borrador para una nueva ley de emergencia habitacional, que tenía que sustituir el decreto catalán de vivienda anulada hace un año. El alto tribunal tumbó el 28 de enero del año pasado el decreto ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, impulsado el 2019 por el Govern, que obligaba grandes tenedores a ofrecer alquiler social a las personas vulnerables que ocupen ilegalmente una vivienda.
Después de este veto, los partidos pudieron cerrar en ponencia conjunta un nuevo acuerdo que estuvo negociado con la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, entidad que celebró este nuevo acuerdo y lo situó como un nuevo paso adelante, y explicó en un comunicado que la nueva ley garantizará que se recuperen las medidas de alquiler social anuladas por el TC. "Desde hoy hasta la votación final, continuaremos atentas hasta que se apruebe y, después, exigiremos que se aplique desde el primer día al 100%. No permitiremos que los grupos que mantengan enmiendas torpedeen la ley".