Está la cara más visible de la aplicación del artículo 155, con más de 250 personas cesadas y una cuarentena de organismos suprimidos o intervenidos. Pero hay un rostro menos visible, que es el del día a día de la administración de la Generalitat, que también se ha visto gravemente afectado. Así queda constatado en el tercer informe de Servidors.cat. La plataforma de trabajadores públicos ha hecho público este jueves su inventario de daños, que ha entregado al presidente del Parlament, Roger Torrent.

Algunas cifras que aportan desde esta plataforma, nacida a raíz de la represión y la intervención del Estado, ponen luz a la realidad del 155. Aparte de los exiliados, presos y detenidos, y de los organismos suprimidos o tutelados desde Madrid, ha tenido otras afectaciones. Un total de 108 iniciativas de ley están decaídas. El gobierno español ha nombrado doce cargos a dedo. Se han detectado hasta 92 afectaciones en la contratación. Hay 21 líneas de subvenciones paradas. Y se han perdido al menos ocho oportunidades económicas.

"La Administración de la Generalitat no funciona con normalidad, como afirman propagandísticamente las autoridades españolas mientras la mantienen decapitada, vigilada, al ralentí y con un nivel de actividad muy inferior al habitual", denuncian desde Servidors.cat. "Nunca había funcionado tan mal y este Inventario de daños así lo confirmará", añaden.

 

Refugiados y personas con discapacidad

Hay una veintena de líneas de subvenciones bloqueadas. Una de ellas es el programa temporal para la atención de menores no acompañados. "Este bloqueo perjudica no sólo a los menores no acompañados que no reciben la atención que les corresponde sino también a los profesionales (235) que están pendientes de que se haga efectiva su contratación", denuncian. También hay bloqueo en la contratación de personal investigador juvenil o en la creación de plazas con financiación público para personas mayores, personas con discapacidad y personas con enfermedad mental.

Entre la treintena de programas afectados, según Servidors.cat, hay el de mejora de la ocupabilidad de las personas inmigradas, refugiadas y regresadas, el de apoyo a los catalanes en proceso de emigración y emigrados, o de ciudadanía activa contra las discriminaciones, el racismo y las ideologías del odio. También las prestaciones de ayuda al pago de alquileres. No conocen la ejecución de estas actuaciones como consecuencias de la intervención económica de la Generalitat. El convenio de colaboración en violencia de género está paralizado.

Leyes y proyectos

Como consecuencia de la disolución del Parlament por parte de Rajoy, con una facultad que no tenía atribuida, han decaído hasta 71 iniciativas legislativas en trámite en el Parlament. Entre estas están los proyectos de ley de medidas urgentes en materia de contratación pública; para la igualdad de trato y la no discriminación, o de votación electrónica para los catalanes en el extranjero. También la proposición de ley contra el abuso bancario o de reconocimiento del derecho de acompañamiento de perros escolta y terapéuticos a las mujeres víctimas de la violencia de género, o la ILP de medidas urgentes para la vivienda.

También han decaído hasta 16 iniciativas legislativas en trámite en el Govern, como el Anteproyecto de ley de fórmulas de gestión de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos o el Anteproyecto de ley del impuesto sobre las emisiones portuarias de grandes barcos.

Oportunidades económicas perdidas

La plataforma de trabajadores públicos también lamenta que se han perdido oportunidades económicas como consecuencia de la intervención de las instituciones de autogobierno. Ponen algunos ejemplos, como la no realización de actuaciones de las oficinas de ACCIÓ en el exterior, el veto del Estado al Puerto de Barcelona para hacer misiones comerciales en el extranjero, el coste económico de la celebración de elecciones en día laborable o el problema de financiación de TV3, que supone un riesgo para las productoras audiovisuales catalanas.

Indefensión jurídica

La aplicación del 155 también ha generado una situación de indefensión jurídica, después de que la Generalitat haya pasado a estar tutelada por el Estado. Eso se vio, por ejemplo, en el caso de las obras de Sijena, cuando el ministro Méndez de Vigo obligó a la Generalitat a retirar un recurso por el uso de la fuerza en el traslado ni permitió la presentación de acciones de defensa del patrimonio. También cuando la Generalitat no se persona en la causa contra la violencia policial del 1 de octubre o cuando Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el gobierno español contra la ley catalana del comercio, servicios y ferias, y en consecuencia, se suspende la normativa

"No se puede aguantar más"

"No se puede aguantar más" la situación actual, ha advertido Yolanda Hernández, presidenta de Servidors.cat, en declaraciones a los periodistas en el Parlament tras reunirse con Roger Torrent. "La gente necesita que haya personas que lideren los departamentos y liderar el país", ha añadido. Ha advertido de que, a pesar de que los ciudadanos puedan no notarlo en su día, "a medida que pasen los meses las afectaciones se verán más".

Ha puesto el foco en el retroceso que han sufrido algunos programas de lengua catalana para inmigrantes. Como contrapunto ha puesto la contratación a Repsol para la gasolina de los vehículos de la Generalitat, por un valor de 50 millones de euros. "No sabemos el motivo por el que se toman algunas decisiones y otras no", ha lamentado.

El contrapunto

Mientras Servidors.cat se reunía con Torrent en el despacho de audiencias, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el principal sindicato español de funcionarios, hacía lo mismo con Inés Arrimadas en los despachos del grupo parlamentario de Ciudadanos. Su portavoz, Eugenio Zambrano, que ha dicho que tiene intención de reunirse con todos los grupos, ha denunciado la parálisis y precarización como consecuencia de la falta de gobierno en Catalunya.

Frente a esto, Zambrano ha instado al gobierno español a tomar la iniciativa y "empezar a gestionar" como lo haría un ejecutivo constituido. "Hay proyectos parados, falta de recursos humanos y materiales, muchos barracones, hay que definir políticas públicas", ha alertado.

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