Fuentes judiciales y del entorno del juez Pablo Llarena, instructor de la causa del 1-O, han asegurado este lunes a la Cadena SER que el magistrado del supremo no comparecerá ante la justicia belga por la demanda civil interpuesta por el president Carles Puigdemont y los consellers en el exilio para no ser imparcial. En la pedida, el Govern en el exilio pide que se lo condene, de forma simbólica, por daños morales.
Por lo tanto, será el bufete de abogados que contratará el gobierno español a quien asista a la vista del próximo 4 de septiembre en lugar de Llarena. Este bufete será el mismo que defienda "la integridad jurisdiccional española" en la demanda presentada por Puigdemont, Meritxell Serret, Antoni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig.
En la demanda, el Govern en el exilio acusa al Estado español de cometer "vulneraciones sistemáticas de los derechos fundamentales" y se pone en duda la imparcialidad de Llarena.
A diferencia de una acción penal, en una demanda civil, la comparecencia ante el tribunal es una carga procesal y no un deber jurídico. Las mismas fuentes añaden que el procesamiento puede continuar con el demandado en rebeldía, y que en este caso sería la parte demandante la que tendría que demostrar que sus acusaciones son ciertas.