La ley de amnistía que esta semana empieza el procedimiento en el Parlament y que está previsto que llegue el mes de marzo al Congreso amparará todos los actos de intencionalidad política en torno a la reivindicación de la autodeterminación efectuada desde el 1 de enero del 2013 e incluirá tanto el 9-N y el 1-O como las protestas posteriores a la sentencia del procés. La ley reclama la puesta en libertad inmediata de los presos y la extinción de todos los delitos, causas abiertas y condenas.

El artículo 1 de la Ley señala que "quedan amnistiados todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuera el resultado, tipificados como delitos o como conductas determinantes de responsabilidad administrativa efectuadas desde el 1 de enero de 2013 hasta el momento de la entrada en vigor de esta ley".

Intencionalidad política

Según este texto se considera "intencionalidad política cualquier hecho vinculado a la lucha democrática por la autodeterminación de Catalunya". En concreto, cualquiera de los actos políticos vinculados con la organización, convocatoria, financiación, favorecimiento, promoción, ejecución y celebración tanto del proceso participativo del 9-N como del referéndum del 1-O, así como los actos de protesta en la vía pública para defender el referéndum o para criticar la actuación de las autoridades.

Entre los actos de intencionalidad política se incluyen los delitos de rebelión y sedición, así como el resto contra el orden público; los delitos de prevaricación, falsedad, malversación de caudales públicos, desobediencia o revelación de secretos, y actos de expresión y opinión.

Extinción penas

El artículo 2 subraya que la amnistía extinguirá toda responsabilidad criminal derivada de las penas impuestas, lo cual provocará la puesta en libertad inmediata de los beneficiados por esta ley, la finalización de los procesos, el reintegro en la plenitud de derechos activos y pasivos de los funcionarios, la eliminación de los antecedentes penales y el retorno de las fianzas.

 

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