​Dos de los principales responsables de los servicios jurídicos del Parlament han explicado este miércoles que elaboraron un breve informe jurídico sobre las posibles consecuencias de aprobar las conclusiones de la comisión del Procés Constituent por propia iniciativa, sin que ningún diputado ni grupo se lo pidiera y sin avisar a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.

De hecho, el breve informe se leyó en el pleno de la Cámara justo antes de la votación del 27 de julio, pero también han reconocido que el informe no tenía ningún dictamen que indicara si la votación incumplía o no el mandato del Tribunal Constitucional.

Tanto Pere Sol, que dimitió de secretario general semanas después, como el letrado mayor, Antoni Bayona, han declarado como testigos ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en la causa abierta contra Forcadell por desobediencia y prevaricación.

Por otra parte, en la providencia del Tribunal Superior de Justicia, pide al Parlament de Catalunya diversa documentación, como el informe jurídico del día 15 de diciembre de 2015 en la Cámara al que se refiere el acta de la Junta de Portavoces del 20 de julio, cuando tomó nota de las conclusiones de la comisión del Procés Constituent aunque no las incluyó en el pleno del 27 de julio; la notificación del auto del 19 de julio de 2016 remitido por el TC que pedía impedir la creación de la comisión de estudio del Procés Constituent y el orden del día del pleno del 26 de julio.

La Fiscalía Superior de Catalunya se querelló contra Forcadell por permitir la votación de las conclusiones de la comisión de estudio del Procés Constituent el pasado 27 de julio, aunque el Tribunal Constitucional (TC) había advertido que no lo podía hacer.

La declaración de inicio del procés aprobada el 9 de noviembre de 2015 fue anulada por el TC el 2 de diciembre, que ya advertía entonces que no se podía desarrollar ninguna acción parlamentaria o administrativa derivada de aquella declaración.

El 20 de enero de este año se aprobó la creación de las comisiones parlamentarias, entre las que figuraba la comisión de estudio del Procés Constituent.

La Abogacía del Estado presentó delante del TC lo que se denomina incidente de ejecución de sentencia, al considerar que la creación de la comisión infringía la sentencia que había anulado la declaración de noviembre.

No fue hasta el 19 de julio que el TC respondió, al día siguiente de que la comisión aprobara sus conclusiones, y dictó un auto donde estimaba el incidente presentado y reiteraba que la cámara no podía aprobar conclusiones que vulneraran el marco constitucional español, advirtiendo a los cargos públicos y especialmente a los miembros de la Mesa del Parlament de su responsabilidad si lo permitían.

El 20 de julio la Mesa del Parlament se dio por enterada de las conclusiones y no incluyó su votación en el siguiente pleno.

Según fuentes de la Fiscalía, Forcadell pidió un informe a los servicios jurídicos de la cámara, cosa que la presidenta niega.

En el pleno del 27 de julio, los portavoces parlamentarios de JxSí y la CUP, Jordi Turull y Anna Gabriel respectivamente, pidieron una alteración del orden del día para permitir su votación, cosa prevista en el reglamento. La discusión sobre si se podía hacer la votación o no se alargó casi una hora y mientras tanto los servicios jurídicos de la cámara hicieron llegar a la Mesa del Parlamento una nota jurídica de una página donde reiteraban el recordatorio del TC.

Fuentes jurídicas han explicado que los dos letrados han declarado al TSJC que entraron la nota jurídica en el registro del Parlament una media hora antes del pleno y sin que se lo pidiera ningún grupo o diputado ni avisar a nadie más. En la nota, el secretario general en funciones y el letrado mayor opinaban que los diputados tenían que conocer las "implicaciones" del auto del TC, recordándoles, citando el mismo auto, que "es a la propia Cámara autonómica a quien le corresponde velar para que su actuación se desarrolle en el marco de la Constitución". En todo caso, no dictaminaron si la votación se podía hacer o no y si incumplía el auto del TC.

Forcadell advirtió a los diputados de lo que decían el TC y los servicios jurídicos de la cámara, tres miembros de la Mesa del Parlament se opusieron a la inclusión de la votación en el pleno, y los grupos de C's y PP se marcharon del hemiciclo. Las conclusiones se aprobaron con los votos de JxSí y la CUP, CSQP se opuso y el PSC no votó.

El Ministerio Público argumenta que la declaración de noviembre de 2015, la creación de la comisión de estudio en enero y la aprobación de sus conclusiones en julio forman una "unidad natural de acción" para sacar adelante el procés soberanista saltándose los mecanismos legales de reforma que la propia Constitución prevé. En el mismo sentido, rechaza el "pretendido ardid elucubrado" para traspasar la responsabilidad de la votación de la Mesa al pleno del Parlament.

El próximo 16 de diciembre declarará Forcadell como investigada, y el 19 están citados, también como testigos, el vicepresidente segundo de la Mesa, José María Espejo Saavedra (C's), el secretario segundo, David Pérez (PSC), y el secretario tercero, Joan Josep Nuet (CSQP)