La segunda mitad de octubre de 2019 fue muy convulsa en Catalunya, especialmente en Barcelona, a raíz de la publicación de la sentencia del procés, con altas penas para los representantes políticos que habían sido encarcelados dos años atrás y las protestas masivas que se derivaron, que, en muchos casos, terminaron en disturbios. El 16 de octubre de aquel año, entre las diferentes convocatorias que había en la ciudad (Òmnium y la ANC habían llamado a la ciudadanía a manifestarse ante la delegación del gobierno español), Roger Garcia decidió acudir a la que se había anunciado ante el Departament d'Interior, muy cuestionado por su respuesta a los disturbios alrededor de la Plaza Urquinaona y la Vía Laietana. Aquel día, después de que comenzaran los disturbios, con el lanzamiento de objetos de manifestantes contra la línea policial, agentes de la Brigada Móvil de los Mossos d'Esquadra y de la UIP del Cuerpo Nacional de Policía dispararon proyectiles de foam y balas de goma contra los manifestantes. García recibió el impacto de uno de estos proyectiles en la cabeza y sufrió una lesión craneal grave.
Irídia denuncia que la Generalitat y el Estado no hayan asumido responsabilidades por los hechos
Ahora, Irídia, la entidad que lo defiende, ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional para exigir que se determine la responsabilidad del impacto que provocó la lesión, según ha informado el propio colectivo en un comunicado. “Un informe parcial incorporado al procedimiento concluye de manera indiscutible que el objeto que impactó a Roger García era un proyectil de energía cinética, compatible con foam o bala de goma”, añaden, informando que las lesiones sufridas por este manifestante incluyen un “traumatismo craneoencefálico grave con secuelas permanentes y posibles afectaciones psicológicas derivadas del incidente”.
Además, la entidad denuncia que, a pesar de la gravedad de los hechos y la evidencia de las pruebas, ni la Generalitat ni la Administración General del Estado "no hayan asumido la responsabilidad”. “Después de la interposición de dos reclamaciones de responsabilidad patrimonial, cada una ha atribuido la culpa a la otra, generando una situación de impunidad inaceptable que ha dejado a Roger Garcia sin ninguna reparación durante más de cinco años”, denuncian desde Irídia, que asegura que se ha visto “obligada” a judicializar el caso con la interposición de un recurso ante la Audiencia Nacional. Con este, se pretende “garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva” de este hombre, así como “romper la impunidad y conseguir la reparación efectiva de los daños que les han sido causados".