Juicio vital. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) empieza este viernes el juicio contra la presidenta suspendida del Parlament, Laura Borràs. La Fiscalía pide para Borràs 6 años de prisión y 21 de inhabilitación a cargo público por los delitos de falsedad documental y de prevaricación por su gestión como directora de la Institució de las Lletres Catalanes (ILC) entre los años 2013 en el 2017. El mismo castigo solicita para su amigo, el informático Isaías Herrero, a quien Borràs concedió la actualización de la plana web de la institución en contratos concedidos a dedo y fraccionados, por valor de más de 300.000 euros, que el ministerio público ve delictivo. Herrero, hasta ahora callado, acusará a Borràs. A principios de semana trascendió que Herrero habría llegado a un acuerdo con la Fiscalía para confesar y declarar que Borràs le ordenó fraccionar los contratos, a cambio de una petición de pena menor. El tercer acusado es Andreu Pujol, que habría firmado un presupuesto para encubrir a Herrero y a quien la Fiscalía pide 3 años de prisión y 10 de inhabilitación.
Con este juicio, Borràs, que fue suspendida el julio pasado al ser procesada por este caso penal, también afronta el futuro de su carrera política y su liderazgo en el partido de Junts. La sentencia del TSJC no será firme y se podrá recurrir al Tribunal Supremo.
El juicio se ha programado en siete sesiones. El viernes las defensas de los tres acusados plantearán cuestiones previas, es decir, reiterarán peticiones no aceptadas durante la instrucción para corregir lo que califican de irregularidades y la vulneración de derechos. Una de las medidas que reclamará la defensa de Borràs, ejercida por Gonzalo Boye e Isabel Elbal, es que se aparte de la causa los correos electrónicos entre Borràs y Herrerro, que los incrimina, y del cual aseguran que los Mossos los obtuvieron sin autorización judicial. Por su parte, la defensa de Herrero, ejercida por Marina Roig, y de Pujol, por Àlex Solà, expondrán que la prórroga de la investigación no se hizo correctamente. El tribunal que los juzgará está formado por los magistrados Jesús María Barrientos, que será el ponente, Fernando Lacaba, y Maria Jesús Manzano. Después de la sesión del viernes, el juicio se reanudará el 20 de febrero con la declaración de los acusados, aunque solicitaron hacerlo al final del juicio. Los días 21,22 y 23 se han concentrado la declaración de testigos; el día 27, las periciales, y finalmente, el 1 de marzo, los informes finales, donde la Fiscalía podría variar o no la petición de las penas.
Los 18 contratos bajo sospecha
En concreto, la Fiscalía acusa a Borràs de haber adjudicado 18 contratos menores sin concurso (a dedo), que suman más de 309.000 euros, sobre la programación y mantenimiento del portal web de la Institución a su amigo Isaías Herrero. El funcionario de la Institució Roger Espar, que declaró que actuó bajo las órdenes de Borràs, al final no es acusado, y declarará como testigo. En el escrito de acusación final, la Fiscalía retiró la acusación de malversación de fondos públicos por el cual inicialmente fue investigada la líder de Junts, cambio que Borràs interpretó, una vez más, en que su causa "no es por corrupción", sino de persecución política, aunque ERC y la CUP le han vuelto la espalda y no le dan apoyo.
Por estos hechos, las fiscales Teresa Duerto y Assumpta Pujol, inicialmente, acusan Borràs del delito de continuado de prevaricación, por el cual le piden que sea castigada a 15 años de inhabilitación a cargo público en cualquier administración, y por el delito continuado de malversación de fondos: 6 años de prisión, 6 años más de inhabilitación y pagar una multa de 144.000 euros. Para Isaías Herrero solicitan las mismas penas que a Borràs, excepto la multa, que la rebajan a 69.600 euros.
Las claves de la defensa
Para su defensa, Borràs ha solicitado la declaración como testigos de los exconsellers de Cultura: Ferran Mascarrell, conseller del 2010 en el 2016; Santi Vila, que lo sucedió hasta julio del 2017, y Lluís Puig, que tomó el relevo de Vila hasta ser destituido para el 155 y actual diputado de Junts en el exilio. El TSJC ha descartado la declaración de Puig -con el voto en contra de la magistrada Manzano- al considerar que "no es idóneo".
Y fundamental es la pericial informática en la cual se asegura que los correos que interceptaron los Mossos de Esquadra a Isaías Herrero, y que son la prueba principal de la acusación, "no tienen aval judicial". Es decir, que se tendrían que expulsar del procedimiento. La Fiscalía pidió al tribunal que la pericial no fuera admitida porque uno de los dos peritos, Luis Enrique Hellín, fue el pistolero de la ultraderecha que mató a Yolanda González en Madrid en 1980. El TSJC lo ha admitido porque es perito oficial y ya ha actuado en otros tribunales.
Los peritos de la defensa sostienen que los correos de Herrero "no tuvieron una cadena de custodia" clara (cuando la causa fue de un juzgado de Barcelona al Supremo, cuando Borràs obtuvo el acta de diputada al Congreso por Junts), y además los Mossos habrían hecho una investigación más amplia de la que les permitía el juzgado. Y, también, se sostiene que la Guardia Civil, en su informe, no asegura que los 18 contratos formaran parte de "una unidad funcional y operativa", hecho que desmontaría la tesis acusatoria que los contratos se fraccionaron, y, por lo tanto, se cometió acciones delictivas, en lugar de ser una simple irregularidad administrativa o incluso, una actuación correcta. En este sentido, la defensa insiste en que los trabajos encargados se ejecutaron. Y correctamente