La Sindicatura de Cuentas también ha jubilado funcionarios sin trabajar, acogiéndose a la licencia por edad, es decir, cobrando sin trabajar los últimos años de su vida laboral. Según ha adelantado La Vanguardia, desde hace siete años los empleados pueden optar a este régimen, igual que se ha revelado esta semana con respecto a los funcionarios de la cámara catalana. Hay un trabajador en esta situación y dos que ya están jubilados que se pudieron beneficiar de la licencia. La diferencia principal entre las condiciones en este órgano y la cámara catalana es que en la Sindicatura de Cuentas la licencia no se disfruta a partir de los 60 años y durante cinco años, sino que sólo se puede cobrar sin trabajar los dos últimos años de la vida laboral.
Sobre estas informaciones, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha explicado, en una entrevista en el programa Més 3/24, que todos los organismos estatuarios pueden acogerse a este régimen de licencias por edad. Por lo tanto, todos los organismos que cuelgan del Parlament pueden ofrecer a sus trabajadores una prejubilación avanzada y sin tener que trabajar, como la Sindicatura de Comptes, el Síndic de Greuges, la Oficina d'Antifrau, etc. Precisamente este martes la Mesa del Parlament ha acordado revisar el régimen de licencias por edad que se iba aplicando desde el año 2008 y que ha llegado al importe hasta ahora de un total de 1,7 millones de euros para 21 empleados beneficiarios.
Josep Costa apunta
El exvicepresidente de la Mesa del Parlament Josep Costa ha apuntado a la figura del secretario general del Parlament como responsable de las licencias por edad. Costa ha asegurado que los secretarios generales de la cámara han aprobado "a escondidas" las "jubilaciones doradas". Además, ha argumentado que el único cargo político que podía saber el régimen de las licencias por edad es el presidente del Parlament, ya que, según ha explicado, firman las nóminas cada mes. El jurista ha pedido que "se explique toda la verdad" en vez "de intoxicar".
La secretaria general del Parlament el año que se aprobó por primera vez el régimen de licencias por edad, el 2008, era Imma Folchi, que estuvo en el cargo desde 1999 al 2015. Pere Sol la siguió y mantuvo el cargo un año, hasta el 2016. Ese año, Xavier Muro cogió las riendas de la secretaría general de la cámara hasta que el año 2021 fue destituido y renovado por Esther Andreu, que es la actual secretaria general del Parlament. Según las informaciones reveladas por el diario Ara, los secretarios generales que firmaron estos sueldos, Imma Folchi y Pere Sol, se beneficiaron de este régimen cobrando hasta 10.000 euros mensuales.
Poner fin a las licencias
La Mesa del Parlament se ha comprometido este martes a trabajar para eliminar al régimen especial que permite a los funcionarios de la cámara catalana seguir cobrando a pesar de no trabajar, conocido como la "licencia de edad", y ha coincidido por unanimidad en la necesidad en encontrar un nuevo acuerdo con los trabajadores de la cámara, después de que el diario Ara hiciera público que la cámara catalana paga anualmente 1,7 millones de euros a 21 funcionarios que no trabajan y tienen más de 60 años. Antes de que estallara esta polémica mediática, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ya había empezado a actuar para revertir una situación que situó como "contraproducente", siendo la primera presidenta de la cámara que abordaba esta cuestión desde que entró en vigor el año 2008.
La reforma de esta anomalía impulsada por Borràs se tradujo en reducir de cinco a tres los años en que los funcionarios pueden cobrar el sueldo sin trabajar, una medida que se aprobó por unanimidad en la Mesa del pasado 21 de diciembre. Entonces nadie dijo nada, pero con el eco de la polémica los grupos se han empezado a desdecir del acuerdo de antes de Navidad, y es así como han acordado en la Mesa de este martes trabajar para buscar un nuevo pacto que impida que haya trabajadores que cobren sin ir a trabajar los últimos años antes de jubilarse. Según fuentes de la cámara catalana, hoy se ha llegado a este acuerdo. Pero eso no significa que la solución llegue de forma automática ni que el acuerdo del 2021 quede anulado automáticamente, sino que es una declaración de intenciones que ahora se tendrá que materializar negociando con los trabajadores.