Nuevo fallo judicial contra una universidad para posicionar contra las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas a exmiembros del Gobierno como Andreu Mas Colell y Albert Carreras de Odriozola. El Juzgado Contencioso-Administrativo número 13 de Barcelona ha sentenciado que la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) vulneró la libertad ideológica y la libertad de expresión de sus profesores cuando posicionó en contra de las fianzas que el Tribunal impuso a antiguos miembros del Ejecutivo catalán. El posicionamiento de la universidad se limitó a un acuerdo del Claustro de la institución, donde el pasado septiembre se aprobó adherirse a la declaración que el Instituto de Estudios Catalanes (IEC) había hecho unos meses antes. Además de sumarse a las palabras del IEC, el acuerdo del Claustro afirma que la UPC "denuncia la injusticia de estas actuaciones, se solidariza con los afectados". Este acuerdo de un órgano interno de la institución ha sido considerado una vulneración de derechos, de manera que un juez ha anulado el acuerdo y ha condenado a la universidad a pagar los gastos judiciales.
El juez considera que el acuerdo del Claustro de la UPC "rompe con la neutralidad ideológica o política que se espera de una universidad". "Una universidad no puede abandonar la posición de neutralidad que le es propia en este campo para asumir posiciones ideológicas y políticas de parte, desconectadas, además, de los intereses a que tiene que servir", remarca el tribunal, que considera que rompiendo la neutralidad se vulnera los derechos individuales de los profesores y los alumnos que no opinan lo mismo.
Los denunciados que empezaron este proceso judicial casa del ser la plataforma Universitarios para la Convivencia. La asociación considera una victoria judicial la condena en la UPC. "Una vez más el claustro de una universidad catalana se otorga tozudamente un protagonismo que no le corresponde, porque son los ciudadanos los que tienen que opinar sobre cuestiones políticas y nunca una institución consagrada a la enseñanza y la investigación. Al hacerlo, no solo viola el deber de neutralidad, sino que secuestra la libertad de pensamiento de todos los que integran la comunidad universitaria, al opinar en su nombre," afirman en un comunicado. Universidades para la Convivencia llega a afirmar que este tipo de posicionamiento es una "dominación ideológica ilegítima". También afirman que seguirán defendiendo las libertades públicas en las universidades catalanas, recurriendo por eso a los tribunales cuando sea necesario."
Denunciando una injusticia
El acuerdo del Claustro de la UPC que ha acabado en los tribunales es aprobar el 14 de septiembre de 2021. El texto propio de la universidad era un párrafo donde se exponía que "el Claustro Universitario de la Universidad Politécnica de Catalunya denuncia la injusticia" del proceso sancionador iniciado por el Tribunal de Cuentas. También expresan su solidaridad con los afectados y procede a adherirse a la declaración del Instituto de Estudios Catalanes del 23 de junio del mismo año. El resto del acuerdo es una reproducción de esta declaración. Como la UPC redactaba en este acuerdo, la voluntad de la institución era denunciar una injusticia, pero han acabado en los tribunales por su acción.