Un voto contabilizado verbalmente pero no registrado electrónicamente. Así fue el primer voto en el Parlament el miércoles del exconseller y diputado en el exilio Lluís Puig después de que el Tribunal Constitucional anulara el acuerdo que permitía su delegación de voto. No se sabrá la vigencia de esta votación hasta que aparezcan las actas o el Boletín Oficial del Parlament, pero mientras tanto ya hay quien pone en duda la vigencia de esta votación. Este jueves mismo la CUP ha enviado a su militancia una circular donde asegura que la propuesta por parte de Junts era simbólica. La formación anticapitalista explica a la carta cómo el martes la Mesa del Parlament tenía que tomar una decisión sobre el mantenimiento o no del voto delegado: "Si bien la CUP tuvo claro desde un inicio que había que garantizar los derechos del diputado en el exilio, la propuesta de actuación por parte de Junts no iba más allá de una declaración política meramente simbólica, que chocaba con las limitaciones derivadas de la necesidad de que se ejecutaran todos los trámites parlamentarios correspondientes para hacerla efectiva", apuntan en la misiva.

Delante de este escenario, la CUP asegura que no pueden seguir avalando "el relato de una defensa de derechos y de una confrontación con el Estado simbólica y ficticia, mientras la acción consistía, en realidad, en asumir la imposición del TC". Es en este contexto que la formación asegura a la militancia que plantearon que la Mesa asumiera "todas las responsabilidades políticas y jurídicas" que comportara la materialización de su voto. "Finalmente, a pesar de las advertencias por parte de los letrados sobre la posibilidad de incurrir en delitos penales, la Mesa acordó mantener el voto delegado del diputado Lluís Puig Gordi, con los votos favorables de la CUP, ERC y Junts per Catalunya, y responsabilizarse de llevar a cabo todos los trámites parlamentarios a fin de que su voto compute oficialmente".

Desde la formación censuran encontrarse un proceso represivo continuado que no cesa, ante un Estado que "no tiene ninguna voluntad de resolver el conflicto político" ni de conducirlo por vías democráticas. Por eso llaman a no normalizar la represión, sino a combatirla. Para hacerlo, remarcan que hay que superar el marco del simbolismo y las medias verdades y medias mentiras" que generan desafección. También aseguran que han exigido transparencia y verdad desde el primer momento: "No avalaremos en ningún caso que los hechos no concuerden con las declaraciones y mensajes, como ya pasó con el caso de Pau Juvillà, en qué la presidenta del Parlament mientras decía públicamente que defendería su escaño e iría hasta el final, no sólo no cumplía sino que acabó responsabilizando a los funcionarios de no haber ejecutado los actos que ella misma se comprometió públicamente a realizar".

A estas alturas la Mesa no ha concretado como les plasmará el voto en el acta de la sesión, y está previsto que el órgano se vuelva a reunir este mismo jueves para cerrarlo. Lo que es habitual es que las actas las redacten los letrados, pero para evitar implicarlos, los tres partidos independentistas buscarán una fórmula para hacer que algún miembro se encargue de la redacción del documento. Antes de ser publicadas las actas de las sesiones del pleno tienen que ser firmadas por uno de los secretarios y con el visto bueno de la presidenta del Parlament.

Borràs lo niega

Después de la circular de la CUP que apunta directamente Junts y Laura Borràs, la presidenta ha negado la mayor en declaraciones en la ACN: "Desde el primer momento dije que llegaríamos hasta donde hiciera falta, asumiendo todas las consecuencias". En este sentido, ha asegurado que fue ella a quien "planteó a la Mesa" que fuera este organismo el que se hiciera plenamente responsable de las acciones que impliquen contabilizar su voto.