Anna Gabriel, CUPGabriel, con dos activistas contra la contaminación del Bages/QS

Sólo quedan dos reuniones entre la CUP y JxSí para terminar un acuerdo marco que los cupaires puedan debatir en su asamblea del 27D. En estas semanas, la CUP ha levantado la voz en actos sectoriales sobre cuestiones que afectan a las conversaciones como Enseñanza o Sanidad. Un pressing JxSí al que este mediodía se ha añadido a la empresa minera israelí Iberpotash y todo lo que representa, como son los intereses del Estado de Israel a Catalunya.

En un acto en el Torrent de Soldevila de Sallent, Bages, una zona devastada por la contaminación de la escombrera salina de las minas que explota Iberpotash, Anna Gabriel, se ha quejado de que un gobierno en funciones haya firmado un convenio con la multinacional israelí por calificarla de "empresa de interés público". Un documento firmado el 13 de noviembre al que la CUP todavía no ha tenido acceso, a pesar de las peticiones que se han hecho al departament de Territori i Sostenibilitat.

Convenios con empresas que tienen directivos en los juzgados

La empresa ICL-Iberpotash, de extracción de potasa en la comarca del Bages, acumula un largo expediente de denuncias y condenas por contaminación ambiental. Entre otras, la condena a 2 años de prisión a 3 exdirectivos, así como la imputación por delito ambiental de su actual cúpula directiva. También hay que tener presente que tiene la licencia ambiental anulada por orden judicial.

De la misma manera, altos cargos públicos están imputados por procedimientos relacionados con ICL-Iberpotash: Maria Assumpta Farran, directora general en la Direcció General de Qualitat Ambiental; Josep Enric Llebot, secretario de Medi Ambient i Sostenibilitat; Jordi Agustí, director de la Agència Catalana de l'Aigua; y Josep Maria Canudas, alcalde de Súria, entre otros. Unas imputaciones por acciones judiciales de la CUP y que han sido causa de tensiones entre cupaires y el conseller del ramo, Santi Vila.

¿Para el plan de choque no, para Iberpotash sí?

La filosofía de la queja es evidente: para favorecer a una empresa hay recursos y para el plan de choque, se escatiman. La CUP lleva años inmersa en una batalla judicial contra las instituciones e Iberpotash por sus efectos urbanísticos y medioambientales. Según los estudios de los cupaires, el gasto público de la Generalitat para paliar los efectos contaminantes de los residuos de Iberpotash ascienden a más de 300 millones de euros al año. Un gasto superior a la franja más alta de gasto del plan de choque social que junteros y cupaires tratan de construir antes del 22 de diciembre.

"No lo entendemos y menos en el proceso actual"

"No podemos entender cómo un gobierno en funciones permite que una empresa multinacional destroce el territorio e hipoteque el futuro del Llobregat causando una contaminación, unos efectos en la salud de las personas, unos gastos económicos públicos y unos daños que difícilmente podrán ser reparados en un periodo de tiempo razonable", lamentan desde la CUP.

"Trato preferente en el Estado de Israel"

El caso de Iberpotash, del cual Gabriel ha sido una abanderada ya como concejala en Sallent, también sirve a la CUP para poner los puntos en las íes sobre el motivo de fondo de las conversaciones con JxSí. "Necesitamos un cambio real en la manera de entender la actividad económica y el derecho al trabajo y una otra idea de las relaciones internacionales", apuntaba Gabriel desde Sallent con reproches al Govern por el "trato preferente al Estado de Israel".

De hecho, Arnau Carné, miembro de la Plataforma del Bages por el Boicot, Desinversión y Sanciones al Estado de Israel, ha cargado con dureza contra una empresa minera que financia al ejército israelí. También, desde la CUP recuerdan que la multinacional está participada por el Estado de Israel que "bombardea población civil" y tiene establecido un régimen "de apartheid".