Los 66 diputados que suman Junts per Catalunya (JxCat) y ERC en el Parlament podrían quedar reducidos a 59 votos. Será así si finalmente los dos grupos independentistas rechazan aceptar la suspensión temporal de los diputados encausados por el 1-O, que ha reclamado el juez del Supremo, Pablo Llarena. Esta es, según diferente fuentes, la opción que ahora mismo tendría más fuerza, aunque impedirá recurrir no sólo a la delegación del voto sino también a la posibilidad que otros miembros de las respectivas candidaturas asuman las funciones de los afectados, tal como proponía al magistrado en su auto.

La decisión afecta al presidente en el exilio, Carles Puigdemont, y los cinco diputados encarcelados en Lledoners, tres de JxCat -Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull- y dos de ERC -Oriol Junqueras y Raül Romeva. El auto no incluye al también diputado de ERC Toni Comín porque el juez aceptó su petición para recurrir el procesamiento lo cual le dejó, de momento, fuera de la suspensión. No obstante, desde que se levantaron las medidas cautelares de Comín en Bruselas tampoco puede argumentar ningún impedimento para acudir al pleno que le permita delegar el voto y, a finales de mayo retiró la petición de delegación.

La decisión de no aceptar la suspensión, que habría sido acordada con los presos de Lledoners, asume la pérdida del voto en el pleno, pero evita que los diputados pierdan sus escaños. El auto del magistrado planteaba evitar que las mayorías parlamentarias se vieran alteradas a través de una suspensión "temporal" de los diputados y que sus funciones fueran asumidas provisionalmente por otros integrantes del grupo.

La respuesta a la suspensión ha sido una de les principales cuestiones que han analizado los diputados de JxCat durante la reunión de tres días que han mantenido desde el miércoles pasado en Bruselas. También lo está valorando ERC, que se prepara igualmente para celebrar un encuentro extraordinario del grupo.

La reunión de los diputados de JxCat ha insistido en situar la línea roja irrenunciable en el mantenimiento del escaño de Carles Puigdemont -para ser presidente de la Generalitat es imprescindible ser diputado-, y ha dejado clara la disposición del grupo a defender la no suspensión de los diputados encausados si esta decisión cuenta con el apoyo de los presos.

La forma como se tendría que implementar este acuerdo es otra de las cuestiones a debatir. Aunque desde el primer momento se ha insistido en que cualquier decisión sobre la suspensión de un diputado se tiene que someter a la consideración de la Comisión del Estatuto de los diputados, si la decisión final se inclina por asumir la pérdida del voto de los presos pero no su suspensión, este paso podría no ser necesario, según algunas fuentes.

Todo está todavía pendiente del acuerdo definitivo entre JxCat y ERC. No obstante, ambos coinciden que ante la mayoría precaria de que dispone el independentismo en el Parlament, y la dificultad en poder contar con los cuatro votos imprescindibles de la CUP, la pérdida de seis votos JxCat y ERC puede convertirse en un mal menor, dado que votaciones fundamentales de los próximos meses, como la de los Presupuestos, tienen casi nulas posibilidades de contar con los anticapitalistas y para prosperar necesitarán igualmente al PSC y los Comunes.

Por otra parte, la renuncia al voto para cumplir con el auto provocará, en caso de confirmarse, una alteración de las mayorías parlamentarias, lo cual se convertirá en un nuevo frente de denuncia de los independentistas. Al mismo tiempo, el hecho de que los diputados no renuncien a los escaños les permite, si en algún momento se considera necesario, volver a reclamar la delegación de unas funciones no habrán abandonado.

La complejidad de la situación creada por el auto de Llarena queda ilustrada por el hecho que, aunque el Parlament, respondiendo a la decisión del juez, dejó de pagar el sueldo a los parlamentarios afectados, la Cámara catalana se ha visto obligada a seguir asumiendo la cobertura ante la Seguridad Social dado que ésta no reconoce la inhabilitación sin una sentencia firme y explícita.