La factura, literal, que el independentismo está teniendo que pagar por adelantado a la justicia española no deja de crecer. Desde las multas por el 9-N del TSJC y el Tribunal de Cuentas a las fianzas para esquivar la prisión, las costas de los abogados o los desplazamientos de familiares para visitar a los presos. Hasta ahora, la mayor parte de estos gastos se han podido costear gracias a las aportaciones de la ciudadanía a la caja de solidaridad. Desde este martes se necesitan casi seis millones más. Son los que reclama el juzgado de instrucción número 13 a los 30 procesados por el 1-O.
Por eso, desde Junts per Catalunya vuelven a hacer un "llamamiento a la solidaridad" para pagar "los gastos derivados de este nuevo frente judicial", ha pedido la candidata Laura Borràs. La fianza para los altos cargos y empresarios encausados sube a 5,8 millones. Actualmente, la caja de solidaridad la gestionan y custodian los expresidentes del Parlament Joan Rigol, Ernest Benach y Núria de Gispert.
Al lado de la exconsellera, Jaume Alonso Cuevillas, que encabeza la lista de JxCat por Girona, ha denunciado que "es incomprensible que se inicie la causa por una supuesta revelación de secretos de Santiago Vidal y Carles Viver Pi-Sunyer y que ellos ahora ya no estén en la causa. Eran la excusa". El abogado ha dejado claro que no se están siguiendo "los parámetros de derecho penal" y que en realidad se trata de un "proceso político vestido de proceso judicial".
Borràs ha recordado que a todo ello hoy se añade la noticia de que un fiscal es sospechoso de haber puesto balizas en el coche del presidente Puigdemont. "Alguna cosa huele de podrido", ha sentenciado.