Nueva ofensiva judicial contra una posible ley de amnistía. Cuando ni siquiera ningún grupo parlamentario en el Congreso ha presentado una ley de amnistía para los represaliados independentistas, un juzgado de Madrid ha admitido a trámite la demanda de una ciudadana española anónima que pide paralizar cautelarmente la tramitación parlamentaria de una ley de amnistía. La demandante considera que choca contra los derechos fundamentales, aunque ni PSOE, ni Junts, ni ERC hayan presentado ningún texto que haga referencia a una ley de amnistía, ya que se está a la espera de un acuerdo entre el partido de Puigdemont y los socialistas españoles.

Cita como demandantes en Armengol, la Mesa y los partidos

Según el juzgado de primera instancia número 1014 de Madrid, la vista ha estado señalada para el próximo 13 de noviembre y han citado como demandantes la presidencia del Congreso de los Diputados, junto con la Mesa y los grupos parlamentarios del PSOE, Junts, ERC y Sumar, ya que todos ellos están en plenas negociaciones para la amnistía.

La demandante solicita al juzgado que remita orden judicial a la Presidencia del Congreso a fin de que se abstenga de celebrar un pleno para la aprobación de una ley de amnistía o que represente una posible amnistía de los investigados, acusados y condenados por su participación en el Procés, hasta que recaiga sentencia firme en el procedimiento que se inste después de la adopción de esta medida. Pide, además, remitir la misma orden al resto de demandados y requerirlos que en caso de desobedecer esta orden podrían incurrir en un delito contra la administración de justicia.

"La posible vulneración del derecho a la igualdad de trato hacia mi persona se basa en las negociaciones que se están celebrando entre las partes demandadas para aprobar una ley de amnistía, la cual rompe por completo la igualdad de trato de todos los españoles, ya que se pretende amnistiar a unas personas determinadas mediante un acto político y no de justicia rogada o de gracia", señala la demanda.

Consideran que una amnistía chocaría contra tratados internacionales

Según el bufete Pérez-Roldan, que ha informado de la resolución judicial, esta es la primera a ser admitida de las más de 3.000 demandas "en defensa de los derechos fundamentales que la futura ley de amnistía conculca", presentadas por ciudadanos particulares siguiendo un modelo difundido por un grupo de abogados, dirigidos por el sevillano José Luis Sariego Morillo. De hecho, sostienen que la aprobación de una posible amnistía podría vulnerar la Constitución española, así como varios convenios y resoluciones internacionales. Entre estas, está la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Europea de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 14 de diciembre de 1966, la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes de Naciones Unidas del 10 de diciembre de 1984, el Convenio europeo para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes y la más reciente Carta de Derechos Fundamentales de la UE.