Es un problema real y complejo. Ante la insistencia de Junts per Catalunya (JxCat) que hay que atacar a las "ocupaciones delincuenciales y conflictivas", el Departament de Justicia ha afirmado que la propuesta presentada por las anteriores conselleres de Justicia y de Derechos Sociales, Lourdes Ciuró y Violant Cervera, respectivamente, "genera inseguridad jurídica" y por eso se ha detenido y se analiza desde diferentes ámbitos para poder dar una respuesta alternativa, según han explicado fuentes del departament a ElNacional.cat. La consellera de Justicia Drets i Memòria, Gemma Ubasart, ya confesó en su comparecencia en el Parlament, el jueves pasado, que la reforma planteada "no les gustaba" y que "no hay fórmulas mágicas", a más de reiterar que quiere actuar desde el "rigor". Esta es una de las pocas medidas frenadas, ya que en su intervención en la comisión de Justicia, Ubasart mantuvo gran parte de los proyectos puestos en marcha por Ciuró, antes de que Junts dejara el gobierno con ERC. Ubasart expuso que la definición ocupaciones conflictivas no es lo bastante clara y hay el peligro de equiparar familias vulnerables con casos liderados por mafias. También indicó que el cambio podría chocar con la Ley d'Enjuiciamiento Civil, que es competencia estatal.

Desde la oposición, JuntxCat ha hecho una férrea campaña para combatir las "ocupaciones conflictivas". Este miércoles, el presidente del grupo parlamentario, Albert Batet, y la diputada y alcaldesa de Girona, Marta Madrenas -que han lamentado que no sea una "prioridad" del actual gobierno en solitario de ERC-, han presentado una proposición de ley para poner fin a este problema, que recoge la modificación del Código Civil Catalán y la ley catalana de la Vivienda. Recientemente, la exconsellera Ciuró también participó en un acto en Mataró, ya que es uno de los municipios más afectados por estas prácticas delincuenciales. "Sufrimos 40 ocupaciones en el mes", denunciaba al portavoz de Junts en el Ayuntamiento de Mataró, Alfons Canela. Ciuró también lo denunció en un acto en Barcelona, con Míriam Nogueres, portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados.

Comisión de trabajo con Interior

En referencia a aciones acordadas, el Departament de Justicia ha informado de que ha creado una comisión de trabajo con el Departament de Interior para valorar y cuantificar realmente las ocupaciones delincuenciales en el país. No obstante, no se ha dado ninguna fecha para tener un resultado o una diagnosis. Recientemente, el conseller Joan Ignasi Elena, pedía más herramientas legales al Gobierno para actuar contra la entrada en viviendas por parte de grupos organizados y que también extorsionan a personas vulnerables, después de reunirse con alcaldes del área metropolitana, que sufren este problema, y que genera episodios de inseguridad y convivencia conflictiva en las comunidades de vecinos.

A grandes rasgos, la propuesta de Junts recoge la modificación del Código Civil Catalán para que vecinos y ayuntamientos puedan instar en el juzgado el desalojo de un inmueble ocupado cuando hay alarma social y el propietario del inmueble sea un gran tenedor a que no haya instado el desalojo en el juzgado en el plazo de un mes. ¿"Qué se extiende por conflictivo"?, preguntan desde Justicia ante el peligro de criminalizar todo tipo de conductas. Y se insiste en que la propuesta de Junts es "inaplicable".

Unas 130 ocupaciones ilegales

A pesar de la moratoria en los desahucios para proteger familias vulnerables, Catalunya se mantiene líder en número de lanzamientos, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Con respecto a las ocupaciones ilegales de viviendas propiedad de personas físicas, ONG o vivienda social, el Poder Judicial informa de que se registraron 607 demandas para recuperar los pisos, en el tercer trimestre de 2022, un 33% menos que el año anterior. El número mayor de demandas presentadas fue en Catalunya, con un total de 130. Estos datos se contabilizan desde hace cuatro años, cuando la ley 5/2018, modificó un artículo (art.250.1.4) de la ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, que permite a propietarios que sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro o entidades públicas con vivienda social poder impulsar juicios verbales para recuperar las viviendas ocupadas ilegalmente.