El Govern reacciona al caos con el servicio de traducción que se ha producido en el juicio en la Audiencia de Barcelona por el caso de Roger Español. El Departament de Justícia de la Generalitat ha hecho un requerimiento a la empresa que tiene la concesión para poner intérpretes en los juzgados para que aclare "de manera inmediata" los "incumplimientos" que se han producido en el servicio de traducción al catalán. La conselleria que dirige Ramon Espadaler ha reclamado a la empresa que se garantice que el servicio se ajuste a las condiciones contratadas, después de que las dos traductoras no hayan podido cumplir con su trabajo y las acusaciones hayan tenido que intervenir en castellano.
Al hilo de los acontecimientos, que han levantado polémica, desde el Departament de Justícia aseveran en una nota publicada este viernes al mediodía que el Ejecutivo que encabeza Salvador Illa trabaja "intensamente" para promover el uso del catalán también en el ámbito judicial y que defiende los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía. El Govern sostiene que ve con "preocupación" los hechos que se han vivido este jueves en la Audiencia de Barcelona, por lo que estudia tomar medidas. Sobre las restricciones de acceso a la sala de vistas, cosa que también han denunciado las acusaciones del caso Roger Español este viernes, Justícia de momento no ha hecho ninguna valoración.
El Departament de Justícia i Qualitat Democràtica presta los servicios de interpretación y de traducción a los órganos judiciales y las fiscalías de Catalunya poniendo personal. Principalmente, a través de empresas adjudicatarias de los diferentes lotes que se establecen en los concursos públicos para la prestación de este servicio. Un servicio que en 2024 costó un total de 3,9 millones de euros, de acuerdo con una memoria de la conselleria. En el caso de la traducción de idiomas extranjeros, las traducciones e interpretaciones las hace la empresa Seprotec y, en el caso de la lengua de signos, Fesoca.
Irídia, Òmnium y la ANC denuncian "vulneración de derechos lingüísticos"
En las primeras jornadas del juicio del caso Roger Español en la Audiencia de Barcelona, hasta dos traductoras no han podido hacer su trabajo para traducir del catalán al castellano las preguntas que hacían las acusaciones a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía encausados por la pérdida del ojo del activista independentista el 1-O. Los abogados Benet Salellas y Laia Serra han tenido que traducirse a ellos mismos y, finalmente, renunciar a preguntar en catalán y optar solo por el castellano para agilizar el proceso y evitar también que el juez detuviera la sesión temporalmente para encontrar un tercer traductor.
El colectivo de abogados Irídia, Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana (ANC), que ejercen de acusación particular y popular en la causa, han denunciado este viernes los hechos como una "vulneración de los derechos lingüísticos" que protegen la Carta de derechos lingüísticos de la ciudadanía y la Ley orgánica del poder judicial. El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha valorado que "la catalanofobia" está "arraigada" en el sistema judicial español, lamentando que ninguna de las dos traductoras juradas tenía suficiente dominio del catalán para hacer su trabajo.