El sindicato policial Jupol, que cuelga de la entidad Jusapol, ha estallado ante la posibilidad de que se articule un sistema por el cual agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) atiendan a la ciudadanía del País Valencià en la lengua oficial a elección del usuario.

En un tono encendido, el sindicato ha emitido un comunicado donde "exige" la retirada de una orden reciente que, a su parecer, "obliga a los Policías Nacionales de la Comunidad Valenciana a atender a los ciudadanos en valenciano", todo y que el mismo escrito desmiente este supuesto de obligación ya que hace referencia a una comunicación del 5 de febrero firmada por el Jefe Regional de Operaciones, donde nada más se pedía a los responsables policiales de los servicios de atención directa a los ciudadanos -como las oficinas de denuncias y de documentación- que "en la medida de lo posible deben procurar que en cada turno se cuente al menos con un funcionario que pueda atender en idioma valenciano, y en caso de no tener esta posibilidad se arbitrarán otras medidas como requerir la presencia de otro policía de otro servicio y con esta capacidad en el plazo más breve posible".

Una orden diluida

Según el redactado del comunicado sindical, la obligación queda diluida a la disponibilidad de personal con competencia lingüística en valenciano, pero Jupol, demostrando su oposición frontal al catalán del País Valencià considera que posibilitar la atención en la lengua de elección del ciudadano supondría un perjuicio para los policías españoles, ya que podría motivar "cambios de turnos" o incluso, que los agentes se vieran en la necesidad de hacer de "traductores".

El mismo sindicato considera que los agentes que utilizan otras lenguas diferentes al castellano lo hacen 'motu proprio' y que no reciben ninguna formación lingüística "y menos todavía en valenciano", y por eso "hay que tener mucha cara dura" para que "se les exija su utilización hasta el punto de condicionar sus turnos de trabajo".

Imposición lingüística del castellano

Además, el sindicato defiende la supremacía del castellano recordando que el derecho de los ciudadanos de dirigirse a la administración en cualquier lengua oficial alcanza sólo a las administraciones públicas de la Generalitat Valenciana, e insiste en que la Constitución Española incluye la imposición lingüística de obligatoriedad en conocer el castellano.

La orden habría sido emitida como respuesta a una reclamación de Plataforma per la Llengua País Valencià, que según Jupol es una "entidad nacionalista catalana, con presencia y actividad en otros territorios de lo que llaman los Països Catalans", y por eso el sindicato se permite señalar que el CNP no se tiene que "dejar llevar por presiones políticas y/o nacionalistas", para añadir que "todos sabemos como va en otras regiones españolas por hacer lo mismo".

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