Junts ha certificado este miércoles su "firme" rechazo al decreto ley que prorroga los alquileres impulsado por Sumar y ha optado por llevar al Congrés una propuesta alternativa basada en rebajas fiscales. En concreto, la formación de Carles Puigdemont plantea una deducción del 15% en el IRPF por los gastos derivados del alquiler o de la hipoteca de la vivienda habitual, con un límite fijado en un máximo de 11.630 euros anuales. Esta iniciativa se ha registrado en forma de proposición no de ley y el partido la presenta como un "plan de choque" en materia de vivienda, a la vez que la sitúa como una enmienda a la totalidad al decreto de Sumar, que está previsto que se vote de manera definitiva en el Congreso de los Diputados el próximo 28 de abril.

La propuesta de Junts parte de la idea de “devolver a los ciudadanos” lo que considera un “exceso de recaudación” por parte del Estado, que, según el partido, se estaría beneficiando del efecto de la inflación para incrementar ingresos mientras trabajadores y autónomos ven reducido su poder adquisitivo. “El Estado debe devolver el dinero a los ciudadanos”, sostienen los independentistas, que defienden las rebajas fiscales como la única vía realmente efectiva para abordar la problemática de la vivienda, en contraposición con los controles de precios, que, según argumentan, acaban provocando una reducción de la oferta de alquiler.

Junts presenta su iniciativa “como la alternativa real a las políticas del Gobierno” e incorpora otras medidas más allá de la rebaja fiscal. Entre estas, plantea una reforma del Código Civil para que los deudores hipotecarios puedan cancelar la deuda por el mismo precio por el cual la entidad financiera haya vendido el crédito a un tercero. También propone garantizar que la vivienda de una persona mayor continúe considerándose residencia habitual aunque ingrese en una residencia, para evitar penalizaciones fiscales por parte de Hacienda en caso de venta. Además, Junts apuesta por incentivos fiscales a la rehabilitación de viviendas. El partido incide en que con estas iniciativas busca impulsar una política de vivienda que no traspase la responsabilidad pública a los propietarios privados y reclama una gestión “equitativa y sostenible” que garantice el derecho a la vivienda sin “asfixiar fiscalmente a la ciudadanía ni desincentivar el mercado”.

Sumar tampoco hace concesiones

Antes de que Junts confirmara su rechazo al decreto de Sumar, dentro de la coalición se abrió un debate interno sobre si modular su voto en otra iniciativa del partido de Puigdemont, la proposición de ley para prohibir el uso del burka, con el objetivo de facilitar un acuerdo en materia de vivienda. Según diversas voces del grupo, había discrepancias sobre vincular ambas cuestiones. Es decir, mientras algunos sectores rechazaban esta estrategia, otros no descartaban una abstención como gesto para abrir vías de diálogo. Finalmente, sin embargo, se impuso la posición más crítica con esta maniobra. El dirigente de Sumar Gerardo Pisarello cargó contra la propuesta de Junts y aseguró que “estigmatiza a la gente por su color de piel”.