"En mi grupo parlamentario no hay ningún diputado ni exdiputado que haya sido gran tenedor inmobiliario. No todo el mundo puede decir lo mismo", esta ha sido la bofetada del vicepresidente de Junts per Catalunya Antoni Castellà en el pleno en el cual se debatía la ley de Junts que rebajaba el IRPF y eliminaba el impuesto de sucesiones. Castellà se dirigía directamente a la exdirigente de la CUP Eulàlia Reguant, que recientemente ha entrado en el negocio inmobiliario que tiene su familia y que posee un patrimonio neto de 12 millones de euros. La iniciativa de Junts per Catalunya ha topado con el rechazo de la cámara, con los votos favorables de los 72 diputados de los partidos de izquierdas (PSC, ERC, Comuns y CUP) a las enmiendas a la totalidad, mientras que los 61 diputados de Junts, PP, Vox y Aliança están en contra. La tensión ha sido evidente entre Junts, la CUP y los Comuns, y es que Toni Castellà ha defendido que él representa el 80% de la ciudadanía, haciendo referencia a los catalanes que están a favor de eliminar el impuesto de sucesiones, según el CEO.
Los Comuns y los cupaires han cargado contra la ley de Junts, hasta el punto de que la diputada de la CUP Laure Vega ha cargado contra la ropa de los diputados en el Parlament, mientras el portavoz de los Comuns, David Cid, ha acusado a los juntaires de ser los responsables de los recortes. "Ya está bien que en nombre de la clase media defienda que alguien a quien le dan 300.000 euros para montar un negocio pague cero euros", ha dicho Cid.
Junts defiende la ley
Desde Junts se ha defendido que la iniciativa no responde a un cambio de modelo fiscal, sino a una corrección de “una injusticia”. Según su argumentario, el objetivo es evitar que la administración se beneficie de la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos y garantizar que “todo el mundo pague lo que ya pagaba en su momento”. También han cargado contra el impuesto de sucesiones, que consideran injusto porque, aseguran, los patrimonios más elevados encuentran mecanismos para esquivarlo. El grupo ha aprovechado para denunciar lo que califica de política “puramente recaudatoria” del Govern y ha vinculado la presión fiscal con el déficit fiscal de Catalunya, cifrado en 22.000 millones de euros. En este sentido, han acusado al ejecutivo de trasladar a la ciudadanía el coste de su gestión y han advertido de un incremento de tasas como la del agua y los residuos. Junts también ha reivindicado que su propuesta afecta principalmente a rentas de hasta 55.000 euros anuales y ha reclamado el apoyo de las fuerzas independentistas hasta alcanzar una financiación “justa o la independencia”.
La proposición de ley de Junts plantea una reducción de los tipos en los cuatro primeros tramos del IRPF (9%, 11,75%, 15% y 17,80%) para rentas inferiores a los 35.000 euros, modificando la escala autonómica con el objetivo de aligerar la carga fiscal de las rentas más bajas. Además, eleva el mínimo exento hasta los 5.907,42 euros anuales, una cifra calculada según la paridad de poder adquisitivo para adaptarla al coste de vida catalán. En cuanto al impuesto de sucesiones, la propuesta establece una bonificación del 99% para los grupos I y II —descendientes, cónyuges y ascendientes— y del 50% para el grupo III. También incluye importantes reducciones en donaciones, con bonificaciones del 99% en transmisiones de empresas familiares, iniciativas empresariales o primera vivienda, con límites que pueden llegar hasta los 500.000 euros en casos de discapacidad.
PSC, Comuns, ERC y CUP cargan duramente contra Junts
La respuesta de los Comuns ha sido contundente. Su portavoz, David Cid, ha sintetizado el debate en una dicotomía clara: “Que paguen los ricos o que ganen los ricos”. Ha acusado a Junts de mantener una línea constante de rebajas fiscales que, a su parecer, acaban beneficiando a las rentas más altas bajo el pretexto de ayudar a la clase media. Según sus cálculos, la propuesta supondría una pérdida de ingresos de 1.750 millones de euros, una cifra que "obligaría a recortes en servicios esenciales".
En la misma línea, ERC ha calificado la iniciativa de “populismo fiscal” y ha advertido de la incoherencia entre reclamar más inversión en servicios públicos y, a la vez, reducir los ingresos de la Generalitat. La diputada Lluïsa Llop ha recordado precedentes como la supresión del impuesto de sucesiones hace quince años, que comportó —según ha dicho— una caída significativa de los recursos públicos y su posterior recuperación. Desde el PSC, Susana Martinez ha criticado lo que considera un relato simplista para justificar rebajas fiscales que, a su parecer, solo benefician “a los ricos y poderosos”. Ha defendido que sin un estado del bienestar fuerte no hay clase media y ha alertado del riesgo de mercantilizar derechos básicos como la sanidad o la vivienda.
La CUP, por su parte, ha puesto el foco en las desigualdades estructurales y ha cuestionado el discurso de la “cultura del esfuerzo”, señalando que no hay una distribución justa de la riqueza. También ha negado que Catalunya sea un “infierno fiscal” y ha denunciado el peso de las rentas pasivas en detrimento de los salarios.
PP, Vox y Aliança avalan la ley
En cambio, PP y Vox han coincidido parcialmente con el diagnóstico de Junts sobre la presión fiscal. Los populares han calificado el impuesto de sucesiones de injusto y han criticado el aumento de otros tributos, mientras que Vox ha defendido directamente su eliminación en todo el Estado, atribuyendo el problema no a la falta de ingresos, sino al exceso de gasto público. Finalmente, la presidenta del grupo parlamentario de Aliança, Sílvia Orriols, han situado el debate en el marco del conflicto con el Estado, denunciando lo que consideran un expolio fiscal y cuestionando si la rebaja debería extenderse al conjunto de los impuestos.