Junts ha registrado este martes una proposición de ley en el Congreso para que Catalunya tenga un distrito universitario propio diferenciado del resto del Estado. Los de Carles Puigdemont sostienen que el modelo actual ha "generado unos efectos contrarios al principio de equidad en el acceso a los estudios universitarios de los estudiantes catalanes y al retorno social de la inversión pública en educación superior". Sobre esto, remiten al hecho de que en las facultades públicas de Medicina de Catalunya el porcentaje de alumnado que proviene de otras comunidades autónomas o del extranjero supone el 40% —cifra que se elevaría al 70% en centros como la Universitat de Lleida o la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona—, un alumnado que una vez finalizados los estudios "la mayoría acaban ejerciendo fuera del territorio catalán". "Como consecuencia la inversión pública no revierte en la sociedad catalana", apunta el texto que ha presentado el grupo parlamentario que lidera Míriam Nogueras.
El diputado juntaire Josep Pagés ha señalado durante la presentación de la iniciativa en el Congreso que Catalunya tiene una universidad de excelencia y que con el actual modelo de distrito universitario único en todo el Estado, "Catalunya está formando médicos, que después no tiene". "Al haber un distrito universitario único, estudiantes de otras comunidades pueden entrar con preferencia sobre los catalanes", ha recalcado.
El modelo vigente permite a un estudiante de cualquier comunidad autónoma, independientemente de dónde haya hecho la selectividad, acceder a cualquier facultad del Estado. Esto ha hecho surgir voces últimamente que alertan de un agravio para los estudiantes catalanes que quieren cursar Medicina. Sin ir más lejos, el Col·legi de Metges de Catalunya ha pedido al Govern modificar la vía de acceso al grado e incorporar un percentil matemático que haga de equiparador. Desde el sector médico avisan que el modelo actual genera un problema de falta de especialistas si los facultativos se marchan de nuevo a su casa una vez finalizan los estudios en Catalunya. También señalan que el bachillerato y la selectividad son diferentes en cada comunidad, lo que genera sesgos y desigualdades entre los estudiantes de diversos territorios en las condiciones para acceder al grado universitario.
Capacidad de gestionar las titulaciones, los criterios de admisión y expedir títulos universitarios
Los juntaires reclaman que el sistema universitario catalán tenga una mayor autonomía, "capacidad de gestionar las titulaciones, las plazas o los criterios de acceso y admisión". El grupo parlamentario independentista critica que el sistema universitario estatal establezca unas normas básicas que dejan la capacidad de las autonomías, y de la Generalitat de Catalunya en particular, "en una simple gestión procedimental —calendario, plataformas, asignaciones— dentro del marco común y homogéneo". La proposición de ley también pide que en el plazo de seis meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se realice la transferencia a Catalunya de la competencia para expedir y homologar los títulos universitarios.
Los independentistas reclaman también que el sistema propio permita integrar de manera "natural y no conflictiva" la lengua catalana como eje vertebrador del sistema universitario, si bien recalcan que "en ningún caso se trata de crear un 'distrito cerrado' ni de excluir estudiantes de otros territorios". "De lo que se trata es de dotar de contenido político, jurídico y cultural al sistema universitario catalán, en coherencia con su autogobierno, su realidad lingüística y su realidad académica diferenciada, caracterizada por su riqueza y potencia", argumentan.