Anonimato para llegar al fondo de la cuestión y para proteger a las fuentes. Junts per Catalunya ha hecho una nueva petición en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados sobre la operación Catalunya para facilitar que cualquier persona pueda remitir documentación de interés para destapar el uso de la policía patriótica y el funcionamiento de las cloacas del Estado. Los juntaires quieren crear un buzón que “garantice la protección” de quien envíe información “sin miedo de ningún tipo de represalia”. El diputado Josep Pagès ha presentado un escrito en el que esgrime que es “imprescindible” que los parlamentarios tengan “absolutamente toda la información” disponible y lamenta que, en los últimos días, “se ha tenido conocimiento público de la intervención de personas intermediarias que disponen de información que, independientemente de su origen, no está a la libre disposición de los diputados de la comisión, de manera que no puede utilizarla con todas las garantías”.
Fuentes de Junts confirman a ElNacional.cat que la referencia a los intermediarios tiene que ver con el caso Leire Díez y con los audios que se han difundido en los últimos días. “Hay quien ha llevado a la justicia los hechos que se ha conocido”, esgrimen las mismas voces. Hace tres días, el PP denunció a Leire Díez, al abogado Jacobo Teijelo y al empresario Javier Pérez Dolset por los audios contra la Guardia Civil. “Que salga toda la información y de forma limpia, sin miedo de represalias y sin manipulaciones”, subrayan desde las filas juntaires a este medio. En el mismo escrito registrado en el Congreso, Junts reconoce que su objetivo es “evitar que se produzcan usos de esta información por parte de personas intermediarias que no solo son contrarios a los objetivos de esta comisión, sino que incluso pueden ser ilegales”.
“Garantías de confidencialidad”
Así pues, con el “ánimo de saber toda la verdad” sobre todas las maniobras que “se hayan podido llevar a cabo desde las instituciones del Estado con el fin de perseguir la disidencia política”, Junts propone crear un canal de información seguro vinculado a la comisión de investigación que funcione como un buzón o canal para la recepción de información y que “garantice la protección de las personas informantes sin miedo de ningún tipo de represalia”. Entre los requisitos que los juntaires ponen encima de la mesa, hay un “uso asequible, garantías de confidencialidad y prácticas correctas de seguimiento, investigación y protección del informante”, así como la “designación de un responsable para su correcto funcionamiento”. Además, el canal “tendrá que permitir la comunicación anónima” y la Cámara Baja tendrá que garantizar que se pueda “mantener el informante en el anonimato”.
La voluntad de Junts es “proteger a las personas que disponen de información relevante” para la consecución de los objetivos de la comisión de investigación, pero que “temen consecuencias o represalias si la hacen pública”. En el escrito, de dos páginas, Josep Pagès también recuerda que hace dos años se aprobó una ley que regula la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.