La aplicación del artículo 384 bis de la ley de enjuiciamiento criminal (LeCrim) es la que ha censurado al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es lo que permitió la suspensión de las funciones de los entonces diputados y presos políticos Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Josep Rull sin condena, sólo con un procesamiento por rebelión y la existencia de supuesta violencia. Y también es el artículo que ahora Junts per Catalunya pide derogar de la legislación española. La formación independentista ha registrado este viernes en el Congreso de los Diputados una proposición de ley con este único punto y así "obligar al Gobierno a cumplir la resolución de la ONU".
El artículo 384 bis de la LeCrim, pensado para miembros de ETA, establece que "firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviera ostentando una función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión".
En la exposición de motivos, la portavoz de Junts Míriam Nogueras y el diputado Josep Pagès denuncian que "su controvertida aplicación a los presos independentistas que resultaron escogidos en las elecciones al Parlamento de Catalunya del 21 de diciembre de 2017 o en las elecciones generales del 28 de abril de 2019 ha demostrado que también puede ser una herramienta en manos de los jueces para dar curso a su activismo político y, en definitiva, para perseguir unas determinadas ideas y actividades políticas".
Nogueras y Pagès repasan sentencias del Tribunal Constitucional, que fijaron una serie de criterios restrictivos para su aplicación, pero también la resolución del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de esta semana. Según la iniciativa, "ha establecido que su aplicación a los líderes políticos catalanes constituye una violación del artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos" y que los tribunales españoles están haciendo una aplicación contraria a derecho. Y concluyen recordando que el dictamen reclama al Estado que tome "todas las medidas necesarias" para evitar que se puedan repetir episodios similares en el futuro en un plazo de 180 días.
El independentismo mira hacia Europa
La resolución del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que censura España por haber violado el derecho político de los presos del 1-O, es la antesala de futuras victorias a nivel internacional. Así es como lo ve el independentismo, que este viernes ha celebrado una rueda de prensa simultánea en Barcelona y Ginebra, donde se encuentra la sede del organismo. Los cuatro afectados no confían mucho en que el Estado español aplique el dictamen, son muy escépticos. Pero sí que fijan la mirada en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tanto ellos como sus abogados ven una buena "munición jurídica" para ganar. Los letrados, en cambio, han evitado valorar si el caso es comparable con el de Laura Borràs.