Catalunya acumula 32 meses de sequía y la situación va a peor. La urgencia que vive el país hace que sea imprescindible impulsar más medidas e inversiones para combatir esta falta de agua. Hace más de un mes, el Govern salvó el decreto ley sobre la sequía con el único apoyo de ERC y la abstención del PSC y Junts, a cambio de que se incorporaran los compromisos que surgieran de aquella reunión. Vista la "parálisis" del ejecutivo, Junts per Catalunya registró el jueves pasado una proposición de ley con medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía (que incluye una moratoria hasta el 1 de julio del régimen sancionador a los ayuntamientos que incumplen el decreto ley) y que el secretario general del partido, Jordi Turull; el presidente del grupo parlamentario, Albert Batet y el diputado Salvador Vergés han expuesto este viernes a la Comunitat de Regants de los Canals d'Urgell.
Esta proposición se ha tramitado por lectura única y tanto el debate a la totalidad como el debate final se harán durante el pleno del 2 al 4 de mayo. A lo largo de esta semana, el ejecutivo, el PSC, Junts per Catalunya y los comunes han intensificado las reuniones y negociaciones para llegar a un acuerdo y desbloquear medidas e inversiones a hacer. Albert Batet ha "celebrado" que su iniciativa "haya servido para que el Govern salga de la parálisis" y tenga "una voluntad de acción mayor" en esta cuestión. Por este motivo, el diputado ve en esta proposición de ley "un punto de inflexión" para hacer frente a la sequía.
Con todo, desde Junts critican que el ejecutivo "llega un año que sabe que había que activarse y va un año tarde". En este sentido, Batet ha avisado de que lo que hace falta son "menos sanciones y más recursos" y hacer "normas ejecutivas y no leyes declarativas". Además de la moratoria, la proposición de ley del partido dirigido por Laura Borràs y Jordi Turull insta a hacer uso del remanente de tesorería de la Agència Catalana de l'Aigua, cifrado en 500 millones de euros, para llevar a cabo la licitación y ejecución de la desalinizadora de la Tordera; la licitación y ejecución de una nueva desalinizadora en la zona de Cubelles; destinar 50 millones a los municipios para que mejoren sus redes de suministro; 50 millones para Aigües Ter-Llobregat para "actualizar la red de tratamiento" y 50 millones más por activar terciarios. Para hacer todo, Junts reclama que todos estos procedimientos administrativos sean "objeto de tramitación de emergencia", tal como se hizo durante la crisis del coronavirus. El presidente del grupo parlamentario juntaire ha añadido desde Bell-lloc d'Urgell que hacen falta "acciones" para que no haya restricciones en el agua de boca en 300 municipios pequeños este verano.
El aplazamiento de las sanciones, encima de la mesa de negociación
Esquerra Republicana, el PSC y Junts están intercambiando varias propuestas estos días para desencallar el acuerdo. Hoy por hoy, los republicanos se muestran dispuestos a aplazar el régimen sancionador en los consistorios incumplidores hasta que no se convoque la línea de ayudas y subvenciones para las obras a ejecutar. De hecho, estas sanciones son el principal punto donde discrepan los tres partidos. Mientras que Junts se había abierto a tener la moratoria hasta el 1 de julio, los socialistas se oponían a esta fecha; pero el planteamiento actual de no ponerle fecha podría ser la solución que llevara a un pacto. Este viernes, Albert Batet se ha mostrado confiado que la proposición de ley de Junts prosperará y ha exigido a las formaciones que salgan del "pim-pam-pum del politiqueo" y se centren en las "soluciones": "La sequía es un problema de país que necesita soluciones de país porque la ciudadanía, los agricultores y los ganaderos las necesitan".