La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, está recibiendo ataques de los órganos judiciales después de sus críticas a la justicia española. Un buen ejemplo es la veintena de fiscales de sala y fiscales de lo penal del Tribunal Supremo que este martes presentaron un manifiesto conjunto exigiendo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que tome "medidas y acciones legales pertinentes" contra Nogueras. Nogueras había pedido juzgar el lawfare y poder "cesar" a figuras judiciales desde las comisiones de investigación del Congreso, incluyendo al presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, y al expresidente del CGPJ, Carlos Lesmes. Además, Nogueras los tildó de personajes "oscuros" e "indecentes" que "retuercen la ley y los derechos" para perseguir al independentismo y que "serían cesados y juzgados inmediatamente" en un "país normalizado democráticamente".
Ante los ataques judiciales a Nogueras, Junts per Catalunya ha pedido amparo a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, a través de un escrito. De hecho, los de Puigdemont también piden a Armengol que valore la necesidad de iniciar los trámites previstos en el artículo 73 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional (LOTC). Es decir, presentar un escrito de recurso ante el Tribunal Constitucional para que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rectifique en el plazo legalmente establecido. "No le corresponde atribuirse la función de llamar al orden a los diputados y las diputadas en razón de las palabras que pronuncien, como tampoco le corresponde tutelar el funcionamiento de las comisiones parlamentarias", aseguran desde Junts per Catalunya.
"Injerencia inadmisible"
Junts considera que el CGPJ no puede adoptar decisiones ni realizar pronunciamientos asumiendo atribuciones que las leyes confieren a otros órganos constitucionales. De hecho, aseguran que las críticas de la cúpula judicial hacia Nogueras expresadas el pasado 5 y 13 de diciembre suponen un "rechazo, oposición y vigilancia" a la actividad parlamentaria. "Supone una injerencia inadmisible que vulnera la separación de poderes", subrayan los de Jordi Turull. Además, consideran que es una "injerencia" que atenta contra la inviolabilidad de los diputados de la cámara baja. El partido de Puigdemont considera que todo ello es una prueba más de la "politización" de la justicia española que "tanto ha interferido en el funcionamiento del poder legislativo y ejecutivo, especialmente en Catalunya".
Los ataques de Guilarte a Nogueras
Los ataques a los que se refiere Junts son los del presidente del CGPJ, Vicente Guilarte, quien amenazó a Míriam Nogueras con la "toma de medidas" por parte de la institución que preside contra "el señalamiento" de la líder de Junts en Madrid. "El señalamiento —y la finalidad que de él se desprende— a varios magistrados del Tribunal Supremo es inadmisible en un estado de derecho, uno de cuyos principios fundamentales es la separación de poderes. Las personas señaladas, así como cualquier otro miembro de la carrera judicial que pueda encontrarse en las mismas circunstancias, encontrarán en la institución que presido la más firme oposición a estos ataques en defensa de la labor jurisdiccional realizada por todos ellos, a los que manifiesto mi apoyo expreso y la garantía de que, en el ejercicio de las competencias que la ley atribuye al CGPJ, se adoptarán las medidas necesarias previstas por el ordenamiento jurídico para proteger su independencia", señalaba en un comunicado el miércoles 13 de diciembre.