El 1 de septiembre, justo un mes antes del referéndum, concluirá el despliegue de uno de los engranajes clave de las estructuras de estado, la Agencia Tributaria de Catalunya. La desconexión sería imposible sin la capacidad de recaudar y gestionar los impuestos de los catalanes. De aquí la atención que desde el Departamento de Economia se ha concedido a este punto. A partir de septiembre, todo el aparato fiscal tiene que estar trabajando y preparado para hacer frente a la situación que se pueda abrir al día siguiente del 1-O. Así lo asegura el Govern, a pesar del escepticismo de la oposición.

El último pleno del Parlament aprobó el viernes pasado el Código tributario de Catalunya que tiene que permitir a la Generalitat recaudar todos los impuestos. Se trata de la primera de las tres grandes leyes de desconexión –junto con la de la Seguridad Social y la de transitoriedad– y en ella se regula el funcionamiento de la Agencia Tributaria y la creación de un Consejo Fiscal que asesorará al Govern.

La norma se mantiene dentro de los límites del Estatut y la Constitución, pero no esconde que "configura la arquitectura institucional de una Hacienda ambiciosa", en palabras del secretario de Hacienda, Lluís Salvadó. Es decir, una estructura en marcha para gestionar los impuestos hoy en manos de la Generalitat, pero a punto para asumir la desconexión de la Hacienda española, según aseguran fuentes del Ejecutivo.

Herramientas

No es suficiente, sin embargo, con el esqueleto legal. Hace falta también una estructura apropiada y personal para asumir el trabajo. El Departamento de Economia ha ido engrasando durante los últimos meses esta maquinaria. Y la cuenta atrás está a punto de acabar.

A partir del 1 de septiembre, la Agencia Tributaria de Catalunya multiplicará su volumen de gestión con la plena asunción de sus competencias tributarias, cosa que, a diferencia de otras comunidades, no había hecho en sus nueve años de existencia. Realizará la gestión, inspección y recaudación de los impuestos propios y cedidos, pero también se encargará de la recaudación ejecutiva de los impagados que hasta ahora había dejado en manos de la administración del Estado, y la liquidación de los impuestos de transmisiones patrimoniales y sucesiones y donaciones que hasta ahora –a parte de las cuatro capitales catalanas– quedaba en manos de los registradores de la propiedad.

Todo este proceso está cambiando la fisonomía fiscal del país. El vicepresident, Oriol Junqueras, explicó el mes pasado en el Parlament que de los 277 trabajadores de los registradores de la propiedad que hasta ahora se encargaban de liquidar los tributos de la Generalitat en el territorio, 250 han solicitado integrarse en la Agencia Tributaria.

Gestor de otras administraciones

A partir de este momento, la Agencia Catalana no solo dejará de ceder la gestión de sus impuestos a terceros sino que actuará como proveedor de servicios para otras administraciones a través de convenios con el mundo local catalán.

Asumirá la totalidad de la recaudación ejecutiva de la Dirección General de Tráfico –las multas– y de las administraciones locales –diputaciones, consejos comarcales y ayuntamientos–. Es decir, que pasará a gestionar sus propias deudas y las de las administraciones locales catalanas.

Con este objetivo, a principios de julio, el Govern firmó convenios de colaboración con las diputaciones catalanas que incluyen el intercambio de información y la incorporación de nuevos puntos de atención al contribuyente en el marco del despliegue territorial de la Agencia catalana.

El objetivo es garantizar la cooperación y la circulación de información entre administraciones que permita una lucha más eficiente contra el fraude fiscal y al mismo tiempo aportar un mejor servicio a los ciudadanos con una mayor implementación en el territorio.

Oficinas y trabajadores

Esta implantación territorial es uno de los puntos esenciales, lo que en el ATC se describe como "musculatura y capilaridad". El 1 de septiembre, la Agencia habrá pasado de tener 4 delegaciones a disponer de 19 oficinas propias, 13 compartidas, y 161 puntos de asistencia al contribuyente a través de la red Tributos de Catalunya.

Eso afecta también a su plantilla, que si el 31 de diciembre del 2016 era de 400 personas, habrá crecido hasta 750 y se habrá multiplicado por dos, hasta 800, el 31 de diciembre del 2017.

El tercer elemento clave que tiene que garantizar la capacidad del Govern para gestionar, inspeccionar y recaudar todos los impuestos propios y cedidos es el nuevo sistema informático e-SPRIU, que se pone en marcha el 1 de julio con la recaudación del impuesto sobre las bebidas azucaradas envasadas. Este sistema está preparado para gestionar impuestos "con periodicidad regular y masiva", según Economia.

2.700 millones propios y 4.500 de gestión

Con todo ello, la Agencia habrá culminado el objetivo que se había marcado como primera fase de la construcción de la Hacienda catalana: gestionará más de 2.750 millones en impuestos propios y cedidos previstos por este año.

A estos se añadirán los que asumirá como gestor de servicios para otras administraciones, lo cual le permitirá gestionar los pagos de IVA, IRPF, impuesto de sociedades y cotizaciones sociales de 180 entidades y empresas públicas de la Generalitat. Eso se traducirá en un volumen de 4.500 millones de euros en pagos a la Agencia Tributaria española y a la Seguridad Social donde la Generalitat actuará como mediadora entre la administración del Estado y las entidades del sector público catalán.

Todo esto es la versión del Govern. La de la oposición es muy diferente y asegura que el Ejecutivo no dispone ni de las bases de datos, ni del personal ni del programa informático necesario para asumir la Hacienda catalana. El 1 de septiembre, en cualquier caso, todo se pondrá en marcha.