Oriol Junqueras y Raül Romeva han presentado hoy un incidente de recusación contra cinco de los magistrados del Tribunal Supremo que les tendrán que juzgar. El escrito presentado por el abogado Andreu Van Den Eynde sostiene que los cinco han resuelto cuestiones de la causa que no garantizan su independencia e imparcialidad a la hora de afrontar el juicio.

La recusación se dirige a los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Manuel Marchena Gómes, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo Gómes de la Torre, Luciano Varela Castro y Antonio del Moral García. La principal causa de recusación es que estos magistrados formaron parte de la sala del alto tribunal que admitió a trámite la querella del caso 1-O.

 

 

 

Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez ya presentaron el viernes pasado un incidente de recusación contra todos estos magistrados, excepto Del Moral, por los mismos motivos. El alto tribunal decidirá hoy si lo admite a trámite.

Van den Eynde sostiene en su escrito que durante la instrucción del caso los magistrados han adoptado decisiones que comprometen su imparcialdad como la admisión a trámite el 31 de octubre del 2017 de la querella contra los procesados, hecho que supuso "una toma de posición expresa en favor de la tipicidad, clarament controvertida", y recuerda en este punto los posicionamientos en contra de considerar los hechos una rebelión expresados tanto desde la opinión pública como desde jurisdicciones extranjeras como Alemania o Bélgica.

Politización general

El abogado de Junqueras y Romeva también destaca en su escrito la "politización general" de la justícia y "concreta" en este caso y recuerda cómo en la tramitación de la causa se han producido denuncias como sobre "la existencia de una ideología" por parte de Pablo Llarena o que "una vivencia personal" le impedia trabajar de una "forma imparcial".

Van den Eynde subraya también como uno de los principales motivos de la recusación el sistema de elección de la cúpula judicial, que "ha sido criticado internacionalmente por su permeabilidad a las decisiones políticas". También critica que los magistrados hayan asumido que el alto tribunal haya aceptado que tiene las competencias para juzgarlos, una decisión que "no solo és indebida y vulneradora de derechos fundamentales relevantes, sino que está en la clave de toda estrategia de indefensión".