Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa, condenados los tres por los hechos del 1 de octubre, han presentado este jueves recursos de amparo al Tribunal Constitucional contra la revisión de la condena, después de que el Tribunal Supremo rechazara el incidente de nulidad presentado por los republicanos el pasado mes de marzo. Sus abogados, Andreu van den Eynde (Junqueras y Romeva) y Mariano Bergés (Bassa), mantienen que la preparación y ejecución del referéndum del 1 de octubre no constituye ningún delito, argumento que las defensas han sostenido desde el primer día. Después de la reforma del Código Penal, pactada entre los republicanos y el Gobierno, el Tribunal Supremo revisó la condena de los presos independentistas, y condenó a Junqueras, Romeva y Bassa, además de Jordi Turull, por los delitos de malversación y desobediencia, manteniendo su inhabilitación hasta el 2031. Los republicanos presentaron en marzo un incidente de nulidad contra la revisión de la sentencia de Manuel Marchena, en lo que sus abogados cargaban contra el hecho de mantener la pena en base la malversación cuando ya se había derogado el delito de sedición. A finales de junio, sin embargo, el Tribunal Supremo desestimó este recurso y el de Jordi Turull contra el auto.

Con la mirada puesta en el Tribunal de los Derechos Humanos

Ahora, como ya hicieron en el incidente en el Supremo, los abogados de los tres exconsellers del Govern del 1-O denuncian que, en la revisión de la sentencia, no se ha aplicado la ley vigente después de la reforma del Código Penal. Por un lado se mantiene la pena por malversación, "un delito que los abogados siempre han cuestionado porque no hay corrupción", tal como recoge el comunicado publicado por Esquerra Republicana, señalando que en la sentencia no se hace ninguna referencia a "la apropiación" ni "el ánimo de lucro". "Reiteramos que la interpretación del Supremo en este extremo se aleja de la voluntad evidente del legislador con la reforma", apunta Van den Eynde, abogado de Junqueras y Romeva en el escrito difundido por el partido. Por otra parte, los letrados subrayan que la sentencia mantiene la inhabilitación absoluta, vulnerando los derechos de representación y participación políticas, persiguiendo el "silenciamiento del independentismo", a través de sus líderes políticos. Como ya expresaron en el incidente de nulidad, consideran que la pena se mantiene de una manera "irracional", ya que si bien el delito de sedición ya no aparece en el Código Penal, la pena es la misma. "Resulta irracional y contrario al principio de proporcionalidad penal que la desaparición del delito de sedición no tenga ningún impacto en la determinación de la pena", asegura el texto.

Por todo ello, los republicanos piden la nulidad de la revisión y la restitución de sus derechos fundamentales, así como la suspensión cautelar de la inhabilitación mientras el tribunal no se pronuncie. Con este escrito, los abogados de Junqueras, Romeva y Bassa agotan la vía interna. El siguiente paso sería llevar "hasta el final" esta causa al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, "donde se denunciarán todos los derechos fundamentales que quedan vulnerados por la no aplicación de la ley más favorable", según el comunicado emitido por Esquerra Republicana.