Los cuatro últimos testigos de la defensa han negado la malversación. Ni los cargos de confianza de Meritxell Borràs ni los de Santi Vila ni los de Carles Mundó han avalado que el Govern gastara ni un solo euro el 1-O.
Han negado pagos pero también procesos de contratación que con los tempos de la administración eran imposible de hacer: "Nosotros en un contrato menor estamos tres semanas en poderlo adjudicar, y en uno abierto estaríamos seis meses. Teníamos muy claro el proceso de contratación interna", ha dicho Josep Solana, director de servicios del Departament d'Empresa.
La directora de Serveis del Departament de Governació durante la época de Meritxell Borràs, Josefina Valls, ha asegurado que no tramitó ningún expediente de contratación relacionado con el referéndum del 1-O y que así lo comunicó al juzgado de instrucción número 13 de Barcelona en respuesta a un requerimiento. Valls ha explicado que los dos acuerdos marco que se pusieron en marcha para el suministro de urnas y papeletas se hizo por si había un adelanto de las elecciones en el Parlament de Catalunya. En su declaración en el Supremo también ha dicho que Borràs les pidió aplicar la prohibición del Tribunal Constitucional (TC) de no destinar ningún gasto a procesos refrendarios y que se respondieran a todos los requerimientos hechos por el Ministerio de Hacienda en relación con el control de las finanzas.
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