La jueza de Catarroja (València) que investiga la gestión de la DANA que arrasó València el pasado octubre de 2024 ha afirmado que la exconsellera de Interior Salomé Pradas y el otro ex alto cargo del gobierno de Carlos Mazón imputado cometieron una negligencia "grosera". Así lo indica la magistrada Nuria Ruiz Tobarra en un auto publicado este jueves, tal como ha avanzado El País y ha podido confirmar El Nacional, que ha tenido acceso al texto. La instrucción también tilda de "absurdas" las explicaciones dadas por Pradas y su entonces número dos, Emilio Argüeso.
La magistrada considera que Pradas y Argüeso mostraron "manifiesta pasividad" por el tardío envío de la Es-Alert a los teléfonos móviles de la población, pasadas las 20:00 h de la tarde, cuando ya había numerosos pueblos anegados y víctimas mortales —que al final ascendieron a más de 220 en el País Valencià—. El parecer de la jueza es que de haberse enviado antes podrían haberse salvado vidas. También rechazan que en el CECOPI, el centro de coordinación de Emergencias, estuvieran aislados, si no que estaban conectados con teléfonos, y entraban y salían de la sala.
La jueza también censura la decisión del gabinete de Emergencias de cortar la comunicación con otras administraciones que participaban en la reunión de manera telemática, entre ellas la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, "por razones no explicables". "Todo ello convierte en más grosera la negligencia atribuible a quienes ostentan la condición de investigados, oscilando entre el desconocimiento, difícilmente justificable respecto a las posibles decisiones a adoptar por la consellera, o las herramientas a utilizar como el sistema Es Alert", subraya la magistrada.
Se reafirma en no investigar al presidente de la CHJ
En su nueva resolución, la jueza desestima también el recurso de reforma presentado por la Asociación de Damnificados Dana Horta Sud contra la decisión de la propia instructora de no investigar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, y al director, el subdirector y la jefa de servicio de Emergencias. "No hay responsabilidad penal", señala. La juez considera que la atribución de un resultado mortal de tal gravedad por un total de 228 fallecidos "no puede sustentarse exclusivamente en la integración de la estructura administrativa autonómica" por lo que respecta a los tres responsables de Emergencias. Esta resolución se produce un día después de hacerse pública la comparecencia de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ante la jueza, a la que aseguró que Polo no le trasladó por la mañana en ningún momento que había riesgo de desbordamiento del río Magro, del que fue conocedora por los medios de comunicación.