La jueza deja para este viernes decidir si ordena la detención del president, Carles Puigdemont, y los consellers que todavía están en Bélgica.

Carmen Lamela está de guardia esta semana, y en medio los trámites y actuaciones propias para recibir y decidir sobre los casos que entren de última hora, hoy ha tomado declaración al vicepresident, Oriol Junqueras, y los consellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Carles Mundó, Dolors Bassa y Meritxell Borràs, y ha decidido enviarlos a la prisión.

Después de cuatro horas de escribir los autos, ha vuelto a los trámites de la guardia y a las seis y media de la noche ha comunicado que hasta este viernes no decidirá si emite las órdenes de detención para el resto de miembros del Govern que hoy no han comparecido.

Lo ha pedido la Fiscalía este mediodía, tal como ya advirtió en la querella por rebelión, sedición y malversación que presentó el lunes. En circunstancias habituales, el trámite podría tardar entre dos y tres meses, pero ante la celeridad de este proceso, todo es imprevisible.

Los abogados del president y los consellers han pedido poder declarar por videoconferencia desde Bélgica, pero la Fiscalía se ha negado y ha argumentado que "no han ofrecido ningún dato sobre su paradero actual" y pide que se ejecute lo previsto en la querella que presentó el lunes contra el Govern por la declaración de la República catalana en el pleno del Parlament del viernes, 27 de octubre. En el escrito, el ministerio público pedía la detención inmediata en caso de que los miembros del Govern no se presentaran en la Audiencia Nacional a declarar.

De los 14 miembros del Govern, sólo nueve han venido a Madrid. Carles Puigdemont y cuatro consellers más se han quedado en Bruselas donde el martes comparecieron públicamente. De los siete consellers que inicialmente había en Bélgica, tres han vuelto. Son Joaquim Forn, Meritxell Borràs y Dolors Bassa.

Ahora Carmen Lamela tiene que decidir si dicta las correspondientes órdenes europeas de detención y entrega (OEDE) y, en caso de que la magistrada las aprobara, las autoridades belgas tendrían que proceder al arresto de Puigdemont y sus consellers.

Las órdenes europeas de detención o euroórdenes sustituyen entre los estados miembros de la Unión Europea (UE) el procedimiento de extradición con un sistema ágil de entrega que se aplica a España desde el 2004, después de que se pusiera por delante a nuestro ordenamiento una directiva europea del 2002.

El procedimiento del OEDE persigue simplificar los trámites y la documentación a remitir mediante la creación de un documento único para tramitarla.