Después de meses y meses de trabajo, de tomar declaraciones y de escuchar a los diferentes testigos, la jueza de la DANA ha dado el primer paso, imprescindible, para poder imputar a Carlos Mazón, expresident de la Generalitat Valenciana. La jueza cree que «la exclusión voluntaria» del entonces presidente de la Generalitat en aquella emergencia "tuvo una repercusión decisiva en el resultado mortal y lesivo", una "omisión equiparable a la acción" en las 230 muertes y en las lesiones que dejó aquel 29 de octubre de 2024.

La instructora ha elevado una petición al Tribunal Superior de Justicia del País Valencià para que se investigue formalmente a Mazón; "el nexo causal ante la pasividad del presidente y las obligaciones propias de su cargo, entre las cuales se encuentra la coordinación ante esta situación de emergencia, supone que deberán imputarse las muertes". "El nexo común de una gran multitud de los fallecimientos —insiste la jueza—, tal como revelan los vídeos, las declaraciones y la hora de las muertes, es la falta de avisos. Esa ausencia, esa pasividad en la adopción de medidas de coordinación, la falta de interacción con los cargos autonómicos ante una situación de extrema gravedad (por parte del presidente, que) optó por recluirse en el reservado de un restaurante".

Cabe recordar que Mazón dimitió el pasado noviembre, tras ser abucheado por las víctimas en el aniversario de la tragedia, pero continúa siendo diputado en las Corts, motivo por el cual es aforado. Hasta ahora, la máxima responsable política imputada en la causa era Salomé Pradas, entonces consellera de Interior i Justícia. Así, Nuria Ruiz ha presentado una exposición razonada al Tribunal Superior de Justícia Valenciana para imputarlo. Desde que empezó la investigación en el juzgado de Catarroja, Ruiz le había ofrecido la posibilidad de declarar voluntariamente como investigado al expresidente, que siempre se había negado. 

En las últimas semanas, la jueza había ido estrechando el cerco sobre el expresident. Cabe recordar que el papel de Mazón el día de la tragedia fue fuertemente cuestionado, por las horas que pasó comiendo con la periodista Maribel Vilaplana, por un lapso de tiempo en el que nadie sabe con certeza dónde estuvo y por haber llegado a la reunión del CECOPI, el organismo que tomaba las decisiones, cuando este ya había enviado la alarma a la población. Una alarma que llegó tarde: muchas de las víctimas de la riada murieron antes de las 20:00 h. Así, la jueza ha citado a los escoltas y a los chóferes, además de a su polémico ex jefe de gabinete, que pidió a la consellera Pradas que no confinara a nadie y que borró los mensajes. Para la juez, el hecho de que la alerta se enviara tan tarde es clave e investiga qué papel jugó cada responsable político a la hora de retardar su envío. 

Las reacciones de la oposición

Desde Madrid, poco después de que se conociera la decisión de la jueza de la DANA, la diputada de Compromís, Àgueda Micó, ha destacado que la jueza ve indicios suficientemente claros como para imputarlo, asegurando que su deseo es que se haga justicia y se pueda reparar a las víctimas. El partido, que forma parte de la oposición al Govern del PP en el País Valencià, ha querido recordar que, además de exigir consecuencias políticas para Mazón, con su dimisión, también reclamaban “responsabilidades penales”, que ahora parecen más cerca.