La jueza de la DANA rechaza citar a testificar a la periodista Maribel Vilaplana, quien comió con el president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, en El Ventorro durante la catástrofe del pasado 29 de octubre. La magistrada argumenta que la solicitud, presentada por un abogado de la acusación, no es "factible" porque "desplazaría" la investigación hacia el presidente valenciano y él tiene la condición de aforado. En este sentido, expone en una de las notificaciones que ha emitido este lunes que el testimonio de Vilaplana, "con quien el presidente parece que comió, estaría relacionado en definitiva con la localización y la actuación del presidente". La jueza, que ya había expresado su posición en ocasiones anteriores, ha recordado que se le ha ofrecido a Mazón declarar de manera voluntaria como investigado.
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja ha apuntado que la exconsejera de Interior Salomé Pradas, durante su declaración del pasado 11 de abril, "hizo expresa referencia al hecho de que mantuvo comunicación, a veces lo intentó, con la duración que se desprende del registro de llamadas aportado, con el president de la Generalitat," y "sostuvo igualmente que el envío de la alerta no se condicionaba a la autorización" del presidente popular.
La jueza admite a Manos Limpias como acusación popular
En otra notificación, la jueza admite que el Sindicato de Funcionarios de Manos Limpias se persone como acusación popular contra el exsecretario autonómico de Emergencias investigado por la gestión de la DANA, Emilio Argüeso, pero pone en duda la función del abogado de la defensa, José María Bueno, "quien se ha definido públicamente como abogado de referencia de Manos Limpias y jefe de sus servicios jurídicos". En este sentido, la titular se pregunta "si existe o no incompatibilidad".
La magistrada quiere averiguar si Emergencias envió avisos
La jueza de la DANA pidió el pasado 7 de mayo más información para saber si la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta en las Emergencias envió los correspondientes avisos a todos aquellos municipios de la zona con un Plan Municipal de Riesgos, para aplicar medidas de control sobre los cauces de los ríos. Concretamente, exigía a este organismo que informe sobre si se cumplió el Plan Especial ante el riesgo de inundaciones. Aparte, reclamaba saber cuántos municipios constituyeron el Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) y conocer los datos de vuelta facilitados.