El juez de Barcelona que investiga las cargas policiales del referéndum del 1-O ha descartado citar votantes como imputados, de al considerar que fueron "víctimas directas de la situación de confrontación generada por los propios poderes públicos", que "trasladaron a la calle" sus conflictos.

En un acto, en el cual ha tenido acceso Efe, el titular del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona deniega la petición del Sindicato Profesional de la Policía, los letrados del cual defienden agentes acusados para el 1-O, para que se investigue a varios votantes por un delito de resistencia pasiva grave a la autoridad.

El magistrado razona en su acto que, si bien el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) dictó un auto en el cual instaba a los cuerpos policiales a impedir el referéndum, "este no contenía ninguna prohibición concreta a los ciudadanos". "No existía una prohibición general de acudir a los centros designados como colegios electorales, como no podía ser de otra manera, dado que una prohibición de este calibre tendría que estar incorporada en una norma de carácter general y no en una resolución judicial, que sólo puede afectar las partes", añade el acto.

El juez recalca, además, que a los ciudadanos no sólo se los había prohibido participar en el referéndum, sino que "habían sido invitados a ellos por el propio Govern de la Generalitat, el Parlamento de Catalunya y de otras instituciones, existiendo un evidente conflicto de pretendidas legitimidades". De esta forma, añade el acto, los ciudadanos recibieron "mensajes totalmente contradictorios sobre la necesidad o no de ir a votar o a defender un presunto inalienable derecho al voto".

En esta situación tan "controvertida", el juez descarta imputar a los votantes, dado que según su opinión fueron "las víctimas directas de la situación de confrontación generada por los propios poderes públicos, trasladando a la calle aquello que se tenía que resolver en las instituciones estatales y autonómicas". Imputar a los ciudadanos que intentaron impedir con su propio cuerpo la actuación policial sería "trasladarles la responsabilidad del fracaso de las instituciones públicas en este tema".

"Las instituciones emitieron mensajes totalmente antagónicos sobre la cuestión, obligando a los ciudadanos a tomar partido por cada una de las opciones, según sus propias ideas políticas, cuando las dos aparecían delante suyo (legos en derecho) como legítimas", insiste el juez, Francisco Miralles. Para el magistrado, sólo cabría imputar un delito de resistencia o atentado a la autoridad en los casos en que hubo un "verdadero acometimiento" por parte de los votantes a la policía